Entidades locales

La Comunidad no asumirá por ahora los servicios sociales de los municipios

El PP presenta una proposición de ley para evitar que prestaciones como la ayuda a domicilio o la teleasistencia pasen a depender de la Administración regional a partir del 1 de enero, como prevé una norma estatal - Vincula el traspaso de competencias a la reforma del sistema de financiación

26.10.2015 | 04:00
Los servicios sociales seguirán en manos de los ayuntamientos, al menos hasta que se reforme el sistema de financiación autonómica.

Presidencia: «Los ciudadanos no se van a ver afectados»

  • Fuentes de la consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma aseguraron que «los ciudadanos de la Región no se van a ver afectados en los servicios públicos que reciben» con la nueva regulación del marco competencial. Desde el departamento que dirige María Dolores Pagán se refirieron a la proposición de ley que presentará el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, tranquilizando tanto a los alcaldes de los municipios, con los que aseguran que están en permanente contacto por este asunto, como a los ciudadanos. Desde la consejería de Presidencia, que tiene entre sus competencias la relación con las entidades locales, aseguran que en las próximas fechas se constituirán grupos de trabajo con los ayuntamientos para ir avanzando en la cuestión del traspaso de delegaciones.

La Comunidad Autónoma no asumirá por ahora las competencias en materia de prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social que gestionan los ayuntamientos, tal y como le obligaba la Ley Estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que establecía como fecha límite para el traspaso de delegaciones el próximo 31 de diciembre de 2015. La ley estatal también preveía pasar a la Administración regional la titularidad de las competencias de gestión en la atención primaria de salud, pero en este caso de forma progresiva (un 20% por año), en un plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de la normativa, en el año 2013.

El Grupo Parlamentario Popular va a presentar una proposición de ley en la Asamblea Regional para realizar tres cambios en el articulado de la Ley Regional de Medidas Urgentes para la Garantía y Continuidad de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de Murcia (añadir dos apartados al artículo 6 y modificar la redacción de la disposición transitoria única), una normativa que elaboró el Ejecutivo de Alberto Garre como paso previo para el trasvase de competencias de las entidades locales a la Administración regional, con el fin de aplazar, al menos un año, la entrada en vigor de la misma, según confirmó a este diario el portavoz parlamentario del Partido Popular, Víctor Manuel Martínez.
La iniciativa del Grupo Popular –que al no tener mayoría absoluta en la Cámara deberá obtener el apoyo de alguno de los partidos de la oposición– justifica que la Comunidad no puede asumir en estos momentos la carga de los servicios sociales que prestan los 45 ayuntamientos de la Región (lo más inmediato, al ser la fecha límite el 31 de diciembre) y que, por tanto, esperará a que se reforme el sistema de financiación autonómica (algo que en el PP esperan para 2016) para llevar a cabo la asunción de competencias.

«Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque se van a seguir prestando los mismos servicios, en idénticas condiciones y términos que hasta ahora. También pueden estar tranquilos los alcaldes y los trabajadores que dependen de las empresas que prestan estos servicios», afirma Víctor Martínez quien resalta también que las dos mancomunidades que prestan servicios sociales (la del Noroeste y la del Río Mula) podrán seguir funcionando como hasta ahora.

Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista también estaba preparando iniciativas para acabar con «la incertidumbre» que, a juicio del diputado regional Jesús Navarro, tenían los ayuntamientos con este asunto. «Hay mucha preocupación entre los alcaldes con ver quién va a prestar los servicios sociales a partir del 31 de diciembre. Los ayuntamientos están preparando sus presupuestos y necesitan saberlo, por lo que exigimos al Gobierno que aclare cuanto antes qué va a pasar», señaló el parlamentario socialista, quien fue durante varias legislaturas alcalde de Calasparra. Por este motivo, sabe muy bien lo que supone para las maltrechas economías municipales la prestación de estos servicios. «Son una carga importante para los ayuntamientos y lamina su economía», explica el diputado.

Los centros de servicios sociales de los municipios, a través de unidades de trabajo social, ofrecen a los ciudadanos prestaciones como la teleasistencia, la ayuda a domicilio y los servicios de estancias diurnas, así como información, orientación y atención en el ámbito socio-familiar, alojamiento alternativo y prevención e inserción social. También desarrollan programas de fomento de la solidaridad y contra la exclusión social. Los ayuntamientos también se ocupan del mantenimiento de los centros sanitarios y educativos.

CC OO reclama a los grupos políticos que se movilicen

  • El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) se ha dirigido a los cuatro grupos parlamentarios y a los grupos municipales de todos los ayuntamientos, proponiendo que presenten una moción para la suspensión de la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, con el objetivo de «no poner en peligro la subsistencia de los servicios sociales municipales y mantener el actual nivel de prestaciones y el empleo, así como la universalidad y equidad de estas prestaciones», según un comunicado de prensa.
  • Esta moción tiene su origen en las conclusiones de las Jornadas de Servicios Sociales convocadas por este sindicato y celebradas el pasado 15 de octubre en el edificio Moneo, «en las que se constató que ni la Comunidad ni los ayuntamientos de la Región saben a estas alturas cómo se va a afrontar el nuevo reparto de competencias sobre servicios sociales que hasta ahora vienen desarrollando».
  • Comisiones Obreras estima que «la falta de desarrollo normativo y presupuestario crea una gran inseguridad jurídica y presupuestaria respecto al futuro de la gestión y/o la financiación de estos servicios y genera una gran preocupación respecto al mantenimiento de los servicios y del empleo actual (en gran medida precario) y rompe claramente con la equidad y la universalidad de estos servicios dado que algunos de ellos sólo seguirían siendo recibidos en los ayuntamientos de más número de habitantes». CC OO solicita que se abra un periodo de negociaciones que clarifique y garantice el futuro de los servicios sociales y del empleo actual.
  • Uno de los grupos que ya les ha hecho caso ha sido Cambiemos Murcia, que ha presentado una moción en el pleno del Ayuntamiento capitalino advirtiendo del riesgo de paralización de los servicios sociales.

La consejería de Presidencia ha puesto a disposición de los 45 ayuntamientos de la Región la Unidad de Oportunidades de Financiación Europea, compuesta por un equipo de profesionales en la materia que ayudará a que municipios puedan beneficiarse de la oferta actual de fondos de la UE para la puesta en marcha de sus proyectos.

Así, el Gobierno regional ofrece un equipo técnico que orientará en la presentación de solicitudes ante Bruselas, para que ayuntamientos y ONG no dejen pasar esta oportunidad de financiación europea para desarrollar proyectos de innovación, medioambientales, educativos, o de fomento de empleo y participación, entre otros.

La unidad, que la consejera María Dolores Pagán presentó a una treintena de alcaldes en una reunión reciente, dispondrá de personal específico de la Consejería para realizar estas funciones, que se reforzará, para la coordinación, con el resto de empleados públicos que también son especialistas en esta materia, en otros departamentos de la Comunidad.

La consejera de Presidencia destacó que la oferta de financiación europea «más interesante», y en la que se centrará la unidad presentada esta semana, es la destinada a fondos de gestión directa, que tienen una dotación de 300.000 millones de euros para el periodo 2014-2020.

Los fondos de gestión directa, a diferencia de los estructurales, no tienen un reparto específico para cada país miembro, y son gestionados directamente por la Comisión Europea, que los adjudica a través de convocatorias en concurrencia competitiva, según fuentes de Presidencia.

Entre ellos destaca el programa ´Horizonte 2020´ para la innovación e investigación, dotado con 79.000 millones de euros; el programa ´Life´ de medio ambiente, con 3.500 millones de euros; el ´Europa Creativa´ sobre temas culturales dispone de 815 millones de euros en ayudas y, para el fomento de valores, ciudadanía, participación y conocimiento de la UE, está el denominado ´Europa de los ciudadanos´, que cuenta con 185 millones de euros.

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