Política

Un bastón de 4.100 millones

Ciudadanos exige la dimisión de la regidora de Torre Pacheco para aprobar el techo de gasto de la Comunidad Autónoma para 2016

25.10.2015 | 04:00

Ciudadanos exige la dimisión de la alcaldesa, Fina Marín, para dar su voto al techo de gasto del Gobierno regional, que asciende a 4.100 millones de euros, y desbloquear así la tramitación del presupuesto de 2016. El acuerdo de investidura firmado por el PP con C's la ha situado ante el dilema de mantener su bastón de mando, a costa de poner al Gobierno contra las cuerdas y exponerse a ser expulsada de su partido, o dejar el cargo para que otro concejal del PP ocupe su sillón. De su decisión dependería entonces que el Gobierno pueda hacer un nuevo presupuesto para 2016 o tenga que prorrogar los de este año, dejando al descubierto la inestabilidad del Ejecutivo del PP en plena precampaña electoral. No obstante, la dirección regional del partido ha tratado en los últimos días de minimizar la responsabilidad en la que podía haber incurrido al poner a una funcionaria municipal en el puesto de interventora.

Fina Marín asumió la alcaldía de Torre Pacheco hace algo más de dos años, cuando su antecesor, Daniel García Madrid, tuvo que renunciar al haber sido inhabilitado por una sentencia judicial.

Como miembro del equipo de García Madrid vivió de cerca el proceso judicial que afrontó el anterior alcalde cuando la Justicia investigaba los acuerdos con la empresa Polaris World y los pleitos a los que el anterior regidor tuvo que enfrentarse con posterioridad.

Sabe por tanto de primera mano las presiones con las que debe lidiar al negarse a entregar el bastón de mando que reclama Ciudadanos para votar los 4.100 millones del techo de gasto de la Comunidad, pero está convencida de que su actuación no puede considerarse corrupción y sostiene que solo la podrá quitar «el pueblo de Torre Pacheco dentro de cuatro años».

Ella era ya alcaldesa cuando cesó también por una inhabilitación judicial el interventor que dejó vacante la plaza que ha dado lugar a la polémica contratación de una interventora accidental, Miguel Pérez Martínez, que con anterioridad había sido alcalde de Fuente Álamo. También este funcionario municipal había pasado por la misma experiencia con anterioridad, dado que tuvo que dejar primero la alcaldía de Fuente Álamo y después el puesto de interventor.

A su vez, a Miguel Pérez le sucedió en la alcaldía María Antonia Conesa, quien tuvo que renunciar seguir siendo alcaldesa el pasado mes de junio para cumplir la cláusula del pacto entre el PP y Ciudadanos que ahora pone en cuestión el bastón de Fina Marín y los 4.100 millones del techo de gasto.

Nacida en Cartagena en 1974, la alcaldesa está casada y tiene tres hijos. Llegó al Ayuntamiento como concejal del PP en 2003, después de haber trabajado en la empresa de Facundo Armero, uno de los socios de la promotora con sede en Balsicas Polaris World. Es técnico administrativo y antes de ser alcaldesa ha pasado por las concejalías de Servicios de Vía Pública, Obras y Servicios Municipales, Mantenimiento de Edificios Públicos Municipales, Parques y Jardines.

En mayo encabezó la lista del PP en Torre Pacheco y volvió a ser elegida, aunque ya no tiene mayoría absoluta, lo que ha llevado a los grupos de la oposición a plantearse la moción de censura.

Antes de que surgiera la polémica que ha suscitado su imputación, Fina Marín se hizo famosa por su manera de tratar los problemas del pueblo. La alcaldesa ejerce sus funciones con tanta vehemencia, que llegó a regañar a través de su página de Facebok a los vecinos que tienen perro por ensuciar las calles. Sus recriminaciones se difundieron a través de las redes sociales y ocasionaron un gran revuelo.

Ahora, tras las iniciales llamadas a la responsabilidad del PP, apremiándole a dejar el cargo, la dirección regional ha rebajado las presiones sobre la alcaldesa y trata de presentar su actuación como un error administrativo que puede acabar en el sobreseimiento.

Su partido está ahora reconsiderando su postura. Según explicó Javier Iniesta, portavoz regional del PP, el abogado de la alcaldesa «ha pedido el sobreseimiento y ha aportado sentencias que avalan que el proceso puede ser que haya sido un error, pero no hay ni conspiración ni corrupción política».

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