El Gobierno regional decidió ayer bloquear, de manera provisional y preventiva, el acceso público a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración general y organismos autónomos desde el Portal de la Transparencia de la Comunidad, ante la polémica causada entre los funcionarios tras revelar LA OPINIÓN que se habían difundido los datos personales y las retribuciones de 8.000 empleados públicos.
Así lo comunicó ayer la consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, quien mantuvo en la tarde de ayer una reunión con los representantes sindicales (UGT, Comisiones Obreras, SATSE, ANPE, CESM y CSIF) para tratar de poner freno a la polémica creada. Pagán asegura que habló en la mañana de ayer con la dirección de la Agencia Española de Protección de Datos, que le confirmó, como viene manteniendo el Ejecutivo, que es legal hacer públicos los nombres y sueldos de los funcionarios en aplicación de la Ley de Transparencia de la Región de Murcia. No obstante, lo que tenía que haber hecho el Gobierno regional, reconoce la consejera, es haber realizado un trámite previo de audiencia con los representantes de los trabajadores, informándoles de que se iban a publicar estos datos, por si algún funcionario quería realizar una alegación para que su información personal no apareciera.
María Dolores Pagán recordó que los datos de la polémica llevan en el Portal de la Transparencia desde el pasado 18 de junio, fecha en la que entró en vigor la Ley de Transparencia, cuando aún no se había constituido el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez.
Asimismo, el Gobierno regional está a la espera de que llegue la respuesta a la consulta oficial realizada a la Agencia Española de Protección de Datos sobre el tema. La consejera de Presidencia confía en que ésta establezca una serie de recomendaciones para compatibilizar el derecho de los ciudadanos a saber cómo se administran los recursos públicos con el derecho a la intimidad de los funcionarios. Una vez que se tengan estas consideraciones, se llevará a cabo el trámite de audiencia previo que no se realizó en junio y, tras analizar el Consejo de la Transparencia las posibles alegaciones que presenten los funcionarios, se habilitará de nuevo el acceso a la RPT de administración general y organismos autónomas. Lo mismo pasará con los sueldos y datos de los docentes y los sanitarios, que todavía no se habían difundido en el Portal de la Transparencia.
«En la Relación de Puestos de Trabajo que se subió no había ningún dato de personas con vulnerabilidad especial, hubo filtros por parte de la dirección general de Función Pública», manifestó Pagán, quien anuncia que, en la reunión de ayer con los representantes sindicales, se decidió constituir una mesa de trabajo, donde se estudiará la manera de «mejorar» la Ley de Transparencia, así como «establecer dónde está el límite de lo que se considera información de interés general».
En el mismo sentido se pronunció por la mañana el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, quien recordó que no fue su Ejecutivo el que diseñó la Ley de Transparencia (se aprobó en tiempos de Alberto Garre). «No es una ley de este Gobierno, pero es cierto que el Gobierno la tiene que cumplir y mejorarla, si es posible de la mano de los representantes de los trabajadores, que son los afectados. Para eso se ha constituido una mesa de trabajo, para mejorar la Ley de Transparencia y su modificación si fuera necesario», declaró el jefe del Ejecutivo durante la inauguración de la ampliación del Parque Tecnológico de Fuente Álamo.
«Ha sido una chapuza»
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Miguel Sánchez, opinó que la difusión de los datos personales de los funcionarios «no ha sido un error, si no una chapuza que puede tener consecuencias».
