Los economistas atribuyen la falta control de los ayuntamientos sobre el gasto público a la ausencia de medios, según dijo ayer el decano del Colegio, Ramón Madrid, durante la jornada ´Gestión, control y auditoría del sector público». En la clausura intervino el consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, quien defendió que la Comunidad Autónoma está a la cabeza en control del gasto financiero y «evalúa también la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos».

Ramón Madrid dijo en la apertura de la jornada que «muchas veces decimos que no hay control en las corporaciones locales, pero realmente no tienen medios para controlar». Apostó por «la colaboración público-privada» y apuntó que «no se trata de crear grandes cuerpos de forenses y de auditores, sino de abrir foros en el que todos podamos colaborar. Lo que queremos es colaborar en el control del sector público, ponernos a disposición de la Administración y de la ciudadanía, mediante la formación y también a través de estos debates, que sirven para enriquecernos», aseguró.

Por su parte, Emilio Álvarez, presidente de la Comisión de Auditoría del Sector Público del Registro de Auditores, que fue concejal del ayuntamiento de Barcelona en los años 90, recordó que el Consistorio llegó a tener problemas para conseguir financiación en aquel momento, a pesar de las grandes inversiones que ejecutó en vísperas de los Juegos Olímpicos, «porque las instituciones internacionales solo prestaban dinero si la solicitud iba acompañada de una auditoría».

Emilio Álvarez defendió la necesidad de establecer unas normas claras «para que los auditorias en el ámbito público sepamos a qué atenernos», aunque apuntó que «hay que saber qué información es útil para el destinatario. A veces un exceso de información desinforma», concluyó.

Para el consejero de Hacienda, la Comunidad «se encuentra actualmente a la cabeza de las administraciones públicas en cuanto a control de los riesgos contables y financieros, lo que asegura una vigilancia exhaustiva de los gastos en el sector público regional». Carrillo aseguró que su opinión está avalada por el Tribunal de Cuentas, quien sostiene que existe un «elevado grado de cobertura de los planes de control financiero realizados sobre las consejerías, organismos autónomos, sociedades mercantiles regionales, fundaciones y consorcios autonómicos y sobre las ayudas la Unión Europea. Debemos facilitar a los ciudadanos el acceso a unas cuentas fiables, ya que son quienes financian la actividad pública a través de sus impuestos» subrayó.