Sánchez sobre la publicación de los sueldos: "Pudo ser un error"

«Si no se ha consultado antes con la Agencia de Protección de Datos, que estamos comprobando si realmente se ha hecho, creo que ha sido un error. Se tendría que haber consultado, si no se ha hecho. Le puedo garantizar que mi Gobierno ya ha consultado a la Agencia de Protección de Datos y vamos a llevar a cabo los trámites que sean necesario y vamos a hablar con los representantes de los trabajadores. Es la forma correcta de trabajar en algo tan delicado y que afecta a tanta gente», manifestó el presidente regional en un contacto con los medios de comunicación antes del acto conmemorativo del Día del Cáncer de Mama, que tuvo lugar en el hospital universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.

No obstante, la consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, afirmó que el mismo viernes, ante el revuelo creado por la publicación de la noticia en este diario, se realizó ya una consulta a la Agencia de Protección de Datos y al Consejo Regional de la Transparencia sobre si es legal la publicación de la RPT de administración general.

Está permitido

• Desde Presidencia reiteran que, en virtud de la Ley Regional de Transparencia, que entró en vigor en junio, está permitida la publicación de los datos. Citó un artículo de la normativa estatal de Protección de Datos, que dice que si existe otra ley que considera necesaria la publicación de esta información, en este caso la Ley de Transparencia, no se vulnerarían los derechos de los afectados. Pagán confirmó que sí tienen que publicarse los nombres y los sueldos del personal docente y sanitario, «salvo que ahora la Agencia Nacional de Protección de Datos señale lo contrario».
• Por ahora, en el Portal de la Transparencia de la Comunidad detalla el número de docentes que hay en cada centro, no sus nombres, así como el sueldo que ganan catedráticos, inspectores y profesores de Primaria, Secundaria y Formación Profesional.

El sindicato CSIF anunció ayer en un comunicado de prensa que ha presentado una demanda en la Agencia de Protección de Datos por la posible vulneración de derechos fundamentales por la publicación por parte de la Comunidad Autónoma del salario de los empleados públicos.

CSIF pide la dimisión de los consejeros de Presidencia y de Hacienda y Administración Pública «por poner en peligro la intimidad e incluso la seguridad del personal de Administración y Servicios».

«Entre los nombres que han salido publicados hay empleadas y empleados públicos que pueden estar siendo acosadas o acosados por motivos, de violencia de género, profesionales o personales, o que hasta ahora se ocultaban por motivos de seguridad nacional», añade la fuente.

"No hay ningún dato que no se pueda obtener por otros medios públicos"

• El presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, José Molina, defendió ayer a través de un comunicado oficial que «la Ley de Transparencia no autoriza a la Administración a publicar los datos, sino que la obliga, es imperativa, de cumplimiento necesario, por lo que dicha publicación no es potestativa con relación a todos los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley».
• Molina recordó que la información publicada objeto de polémica «ya figura en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, pues en dicho diario oficial se publican tanto la RPT con datos identificativos, las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo y su posterior adjudicación». Por tanto, señala que «en el Portal de la Transparencia del Gobierno regional no se ha publicado ningún dato que no se pueda obtener por otros medios públicos».
• El presidente del Consejo de la Transparencia recuerda que el personal docente y sanitario sí está obligado a publicar sus retribuciones. «Decir lo contrario carece de apoyo legal y su negativa a hacerlo contravendría lo dispuesto imperativamente en la Ley de Transparencia».
• José Molina, que accedió al cargo en el mes de julio, lamenta también «que no se haya podido celebrar una reunión que solicité con todos los responsables de servicios y departamentos de toda la Comunidad Autónoma, incluidos los sanitarios y educativos, para transmitir el nuevo espíritu de la Ley de Transparencia».
• Precisamente la falta de actividad del Consejo de la Transparencia es una de las críticas que se realizan a este organismo desde el sindicato UGT. Su secretario general en la Región, Antonio Jiménez, denunció que «sólo se ha reunido en dos ocasiones, la primera el 30 de julio de 2015 para su constitución formal y la segunda el 28 de septiembre, carece de medios personales y materiales, no tiene sede física en la que desarrollar sus funciones y a la que puedan dirigirse los interesados y continúa a la espera de un reglamento para ordenar su organización y funcionamiento».
• El sindicato UGT solicitará una reunión urgente del Consejo de la Transparencia para promover un pronunciamiento sobre la polémica por la publicación de los datos personales de los funcionarios. También exige que se otorguen facultades al Consejo para que pueda revisar «el ajuste de esta publicación y, en su caso, de la propia Ley que la permite».

El Portal de la Transparencia de la Región de Murcia da a conocer también el número de liberados sindicales con los que cuenta la Administración regional, así como el número de horas que tienen asignadas para realizar su labor de representación de los empleados públicos y el coste total de éstas.

Así, según los datos que figuran en un documento excel, Comisiones Obreras es el sindicato con más «licencias», según califica el Gobierno, con 5 liberaciones totales y 10 parciales. Le sigue CSIF, con 5 totales y 8 parciales, mientras que FSES (federación en la que están ANPE y Satse) está en tercer lugar (con 4 y 7). La Intersindical cuenta con 4 liberados totales y 3 parciales, mientras que UGT tiene 5 totales y 5 parciales. El coste total, según los datos de la Comunidad Autónoma, es de 709.961 euros anuales.