La decisión de celebrar ayer la apertura del año judicial en Cartagena no fue casual. Así lo admitió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme Herrero durante este acto que se celebró en la sala de audiencias del Juzgado Togado Militar de Cartagena, sito en la Muralla del Mar. «Mi decisión está cargada de intención. Quiero poner de manifiesto la atención preferente que esta ciudad tendrá durante mi mandato, no sólo por ser la segunda ciudad con más órganos judiciales de la Región, sino también por la urgencia de acometer en Cartagena la construcción de una ciudad o campus de la Justicia». En este sentido, Pasqual del Riquelme ­acompañado por el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juan Martínez Moya­ hizo hincapié en que este proyecto «nos permitirá concentrar todos los órganos y servicios judiciales en unas únicas y modernas instalaciones, además de crear las condiciones para el despliegue del novedoso modelo organizativo que es la nueva oficina judicial, algo ya programado en Lorca, donde ya está en marcha la edificación de su nuevo Palacio de Justicia».

Sobre su programa de actuación, destacó que el principal compromiso de los presentes -jueces, magistrados y letrados, además de autoridades civiles y militares, debe ser «la resolución pronta y en derecho de los conflictos que nos confían nuestros conciudadanos. El poder judicial es poder, pero también es público». Sobre este punto, el presidente del TSJ reconoció que «en los últimos años y, a consecuencia de la crisis económica, se ha incrementado la litigiosidad y el parón en la creación de nuevas unidades judiciales ha provocado un excesivo retraso en los tiempos de respuesta que ofrecen los tribunales de la Región, que hay que reconocer se encuentran entre los que más productividad tienen en toda España». Por ese motivo y, aprovechando la presencia del Jefe del Ejecutivo regional, el Delegado del Gobierno y la presidenta de la Asamblea, «que acompañen nuestra petición de un especial esfuerzo presupuestario en la Región de Murcia que nos iguale -al menos- a la media nacional de jueces por habitante».

Mediación intra y extrajudicial

Pasqual del Riquelme destacó que «en estos momentos de incipiente recuperación económica y de agitación inversora, la Región de Murcia no puede permitirse tener una justicia demasiado lenta».

Por otro lado, destacó que el TSJ de Murcia asume para este nuevo año judicial cuatro compromisos articulados en su agenda estratégica, que Pasqual del Riquelme definió del siguiente modo: «Una justicia abierta en su triple dimensión de transparente, participativa y que rinde cuentas. Y es que el saber no es genético, se construye entre todos. Los éxitos, también», dijo antes de referirse al papel fundamental de la mediación intrajudicial y extrajudicial. «El conflicto no es un patología, sí lo es la judialización masiva de toda la conflictividad social, económica, familiar, vecinal...» y citó a Wittgenstein, filósofo y matemático alemán, quien ya advirtió de que «el origen de la mayor parte de los conflictos se halla en la falta de comunicación».

Sobre el resto de compromisos del TSJ aludió a «una Justicia orientada a los ciudadanos y usuarios y en la que la innovación, la modernización y la excelencia organizativa estén siempre presentes» y añadió: «La Administración de Justicia no puede seguir mirándose en fórmulas y esquemas del pasado».

Pasqual del Riquelme hizo un símil entre el agua y la Justica al calificar a ambas «como un bien común, precioso y limitado, que sufragamos con el esfuerzo de todos» y concluyó reiterando el compromiso de los tribunales de la Región con «la independencia, la aplicación imparcial de la ley y la defensa de los derechos de todos».

Su discurso fue seguido por una ovación de aplausos que dio paso a la intervención del secretario de gobierno, Francisco José García, quien destacó la incorporación de las Nuevas Oficinas Judiciales (NOJ) de los 14 juzgados de Primera Instancia de Murcia y las secciones civiles y penales de la Audiencia.

Críticas del fiscal López Bernal

Por su parte, el fiscal superior del TSJRM, Manuel López Bernal, quien señaló que «no sé si será mi último discurso en una apertura del año judicial», criticó la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal 41/2015, de 5 de octubre, ya que el nuevo plazo de instrucción de seis meses «creará inseguridad jurídica» porque el problema auténtico está en la falta de medios personales y materiales. Sobre este punto, señaló que el retraso en la Justicia lo provocan la falta de medios, y la posibilidad de que se pueda recurrir todo».

Añadió: «¿Qué sentido tiene que en Alemania haya 20.000 jueces y en España, 4.500? y ¿cuánto tiempo tiene que pasar parara equipararnos a esas 10.000 plazas» y advirtió que «afectará al trabajo de los fiscales y agravará los problemas, al generar impunidad en la gran delincuencia y en la corrupción. Habrá una justicia penal para los más poderosos y otra para desfavorecidos».