La negativa de la alcaldesa de Torre Pacheco, Fina Marín, a dimitir tras ser imputada por prevaricación administrativa ha acentuado la presión de Ciudadanos sobre el Gobierno. La formación naranja estrecha el cerco sobre el Ejecutivo, que ayer se vio obligado a retirar el techo de gasto de 2016 del pleno de la Asamblea Regional y a aplazar el debate, al verse en minoría y sin los votos necesarios para sacar adelante el presupuesto. El Ejecutivo de Pedro Antonio Sánchez quedó ayer atado de pies y manos, a la espera de que la regidora acabe aceptando que su renuncia es la única salida para que el Gobierno pueda contar con los cuatro votos de C´s.
El presidente regional no le ha pedido a la alcaldesa que entregue el bastón de mando, aunque sí le aconsejó, según fuentes oficiales del Gobierno, que «reflexione», ante «una situación tan delicada».
Por su parte, el exjefe del Gobierno y presidente del PP de Torre Pacheco, Alberto Garre, mantuvo que en circunstancias como ésta son aconsejables «gestos de generosidad», tal y como hacía con los imputados cuando presidía el Ejecutivo y su sucesor, Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación, estaba imputado. La paradoja es que la ´doctrina´ de Garre puede ser ahora una baza a favor del presidente.
La falta de apoyos del Ejecutivo por estas circunstancias obligó ayer a suspender el debate sobre el techo de gasto del presupuesto de 2016, que debía votarse en el pleno del Parlamento regional por la tarde, lo que bloquea el presupuesto de la Comunidad para el próximo año. El techo de gasto es un trámite imprescindible para cerrar las cuentas de 2016 y aprobar el anteproyecto de ley que el Gobierno está elaborando.
El veto de C´s a los imputados provocó la renuncia en el ayuntamiento de Mazarrón de dos de los concejales de uno de los grupos políticos coaligados con el gobierno municipal presidido por el PP, pero la imputación de la regidora de Torre Pacheco la víspera del pleno impide al Gobierno conseguir el apoyo de los cuatro diputados de C´s.
La alcaldesa de Mazarrón, Alicia Jiménez, anunció ayer a primera hora de la tarde que había aceptado la renuncia de los concejales Francisco García Méndez y Juan Miguel Muñoz Blaya, ambos de Alternativa Socialista e imputados, «en aras de no entorpecer la aprobación de los presupuestos regionales, imprescindibles para el desarrollo económico de nuestra Comunidad Autónoma».
Sin embargo, la regidora de Torre Pachecho, defendía su inocencia y aseguraba que firmó el contrato de la interventora que la ha llevado a los tribunales con carácter «provional» para evitar «el colapso del Ayuntamiento». Recuerda además que la decisión tenía el aval de «la secretaría general». Anoche mantuvo la misma tesis durante una reunión con la dirección del PP local, presidida por Alberto Garre.
La consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, acudió a la Cámara y explicó que si el pleno rechaza el techo de gasto, fijado en 4.100 millones, el Gobierno tendría que presentar una cifra distinta, pero eso no es posible, ya que se trata de un cálculo establecido con criterios técnicos sin margen para el cambio. Añadió que la intención del Ejecutivo es buscar el consenso.
