Polémica

El ajuar secreto de la desaladora

El Ente Público del Agua no firmó las condiciones del alquiler, sino que compró una empresa creada por la constructora que era la titular del contrato

12.10.2015 | 16:52

El Parque tecnológico de Fuente Álamo puede correr la suerte de Joven Futura

  • El Parque Tecnológico de Fuente Álamo puede correr la misma suerte que Joven Futura. La sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado los planes de ordenación de Puerto Lumbreras y Aledo y la reclasificación de los terrenos de Joven Futura, en Murcia, también puede llevarse por delante el plan parcial del parque tecnológico construido en Fuente Álamo, donde están instaladas grandes industrias, como M. Torres o Indra. El abogado Diego de Ramón ya ha solicitado a la consejería de Fomento la anulación de los planes generales de Totana y Fuente Álamo, por no disponer del certificado de la Confederación Hidrográfica del Segura garantizando el suministro de agua potable. Según la documentación que el letrado ha recabado de la CHS, el plan parcial del Parque Tecnológico no tiene asignados caudales de uso industrial, sino para regadío. Este núcleo industrial se abastece del Trasvase y recibe también aguas subterráneas y depuradas.

Los responsables del Ente Público del Agua, que presidía el anterior consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, asesorado por su colaboradora María Antonieta Fernández , que fue secretaria del Ente, y varios consejos de administración de la empresa pública Hidronostrum tendrán que explicar por qué la Comunidad no alquiló la planta mediante un contrato de arrendamiento, como cabría esperar, sino a través de la compra de acciones de otra empresa creada por la propia constructora, que aportaba el contrato como ajuar. Esta compañía, llamada Desaladora de Escombreras, pasó después a engrosar la lista de entes públicos dependientes de la Comunidad, pero casi nadie acababa de entender por qué eran necesarias dos empresas y el Ente Público del Agua para gestionar los caudales desalados que produce la planta de Escombreras.

Las operaciones realizadas a principios de 2006 a través del entramado empresarial de ACS, el grupo presidido por Florentino Pérez, también presidente del Real Madrid, le permitió imponer al Ente Público creado por Cerdá unas condiciones leoninas que nunca habría aceptado ningún inquilino. De hecho, fuentes jurídicas consultadas por LA OPINIÓN han apuntado que la fórmula utilizada para articular la operación podría considerarse «fraude de ley».

De momento, la Intervención General de la Comunidad y los Servicios Jurídicos han advertido en sendos informes de que el contrato de la desaladora ha dado lugar a unas pérdidas anuales de unos 13 millones de euros, sumando los gastos financieros. Precisan que incluso en el caso de que la desaladora llegara a funcionar a pleno rendimiento, suministrando los 20 hectómetros cúbicos que puede llegar a tratar, seguiría arrojando pérdidas.

Además, de los 26 ayuntamientos que se adhirieron al convenio con el Ente Público del Agua para recibir los caudales de Escombreras, solo Cartagena y Murcia los compraron durante los primeros años, dado que dejaron de ser necesarios con el pinchazo de la burbuja del ladrillo.
Según recoge el informe elaborado por la Intervención general de la Comunidad y por los Servicios Jurídicos, el contrato obligaba a abonar por adelantado el alquiler de los 25 años de vigencia en caso de ruptura. La operación se realizó bajo la fórmula 'take or pay', lo que significa que la compradora tendría que pagar a pesar de que la planta no estuviera suministrando agua, dado que necesitó un periodo de pruebas y era necesario construir las conducciones de abastecimiento a los municipios a los que iba destinada.

«El contrato prevé que, en caso de resolución anticipada que no pueda calificarse de culpable por parte de Hidro Mangement (otra compañía de ACS), Desaladora de Escombreras estará obligada a satisfacer el importe íntegro de las rentas del alquiler durante los meses que restaran hasta la finalización de la duración del contrato».

Pero la constructora no puso esta cláusula por mera precaución, sino que la hizo valer en cuanto la Comunidad empezó a retrasarse en los pagos, presentando en 2013 una reclamación en los tribunales para exigir el pago anticipado de los 25 años de contrato, más los perjuicios sufridos, lo que elevó la factura total a más 600 millones, cuando la construcción de la planta costó 111 millones. Cuando el Plan de Pago a Proveedores permitió afrontar los recibos de alquiler pendientes, la constructora retiró la reclamación, al tiempo que se entablaron negociaciones entre ambas partes para la compra de la planta.

El contrato de alquiler no era el único ajuar que compraba la Comunidad al adquirir las acciones de Desaladora de Escombreras. El mismo día que el grupo empresarial de Florentino Pérez arrendaba la planta a su propia empresa, el 26 de enero de 2006, contrataba el mantenimiento por otros 25 años con otra firma de su constelación empresarial denominada Tedagua, a la que también debe dinero la Comunidad.

Constitución de Hidronostrum

  • Unas semanas después el Consejo de Gobierno autorizó la constitución de una empresa pública, denominada Hidronostrum, ya disuelta, que debía comprar el agua de la desaladora. El mismo día, el 17 de febrero de 2006, el Ente Público del Agua constituyó esta sociedad pública y adquiría el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras a dos compañías de ACS, Cobra Instalaciones y Servicios y Mancobra. En la escritura se establece el traspaso del 49% restante que pasan a ser propiedad de Hidronostrum el 14 de julio de 2010. Un año después, la crisis llevó al Gobierno a disolver Hidronostrum y Desaladora de Escombreras, pero solo la primera ha podido ser liquidada. La razón es que Desaladadora de Escombreras, además de ser la depositaria del contrato de alquiler con el grupo ACS, se encuentra en una complicada situación contable.

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