El primer semestre de 2015 arroja una cifra positiva en lo que se refiere al castigo de la violencia machista. Los datos recabados ponen de relieve el aumento del porcentaje de condenas a los maltratadores en sentencias dictadas por el Juzgado de lo Penal de Murcia. Un aumento que se sitúa en un 0,6 por ciento respecto al primer semestre de 2014.

En concreto, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Mª Ángeles Carmona, apuntó que en 2014 se dictaron 345 sentencias, de las que 182 fueron condenatorias, y en 2015, de las 326 sentencias, 173 fueron condenatorias, según Europa Press.

Desde 2003 y hasta el día de ayer se había contabilizado en la Región de Murcia 23 asesinatos. Sin embargo, el último episodio de violencia de género ocurrido en Beniel, donde un hombre natural de Mali mató a su pareja sentimental en presencia de sus dos hijos menores, de cuatro y siete años, ha elevado a 24 la cifra.

A juicio de Carmona, la cifra de 33 mujeres asesinadas en España en lo que va de año por otros tantos hombres con los que compartían o habían compartido una relación sentimental, las tres últimas en estos primeros días del mes de octubre en Vizcaya, Murcia y Pontevedra, es un número «absolutamente intolerable».

Y es que, advirtió, «todos los fallecimientos por violencia de género son un fracaso total y absoluto del sistema», por lo que confesó estar «indignada» por estos últimos asesinatos. A los familiares de las víctimas les ha trasladado la seguridad de que la acción de la justicia hará todo lo posible para que los culpables «paguen por ello», además de que se hará un seguimiento pormenorizado «para ver cómo es la situación judicial en esta materia y lo que ha ocurrido en cada uno de los asesinatos para que no vuelva a ocurrir».

Según la presidenta del Observatorio, no se puede «permitir que una mujer que haya denunciado y se haya atrevido a dar este paso muera asesinada por su agresor», por lo que hizo un llamamiento a que se denuncien este tipo de hechos, ya que «es la única forma de activar el mecanismo de defensa de la víctima». «Es una cuestión de todos», insistió Carmona.

En cuanto al protocolo de evaluación de riesgo policial, recordó que en los últimos meses «ha sido modificado con aportaciones del CGPJ, la Fiscalía General, Delegación del Gobierno y otras instituciones con competencia en la materia, ya que había que afinar más».

Además, desde el 1 de julio ha entrado en vigor el nuevo Código Penal, que contempla «un importante endurecimiento de las penas y una mayor protección de las víctimas y los menores, además de nuevos tipo penales, como el ciberacoso, ya que había algunas lagunas legales».