Los examinadores de carné de conducir de la Región acaban de terminar su cuarta semana de huelga indefinida, al igual que el resto del colectivo en España. Los paros se hacen, entre otras razones, como protesta por las agresiones que sufren de los aspirantes cuando se les comunica que no han pasado la prueba.

Convocados por la Asociacion de Examinadores de Tráfico (Asextra), este colectivo está integrado por 23 personas en la Región, de las cuales 20 están en Murcia y tres en Cartagena. «Las agresiones se han producido a partir de la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo, en enero de 2013, que nos obliga a comunicar ´in situ´ al alumno si ha aprobado o no», indicó el representante regional de Asextra, Francisco Belmonte, quien indicó que además de agresiones físicas, también sufren golpes y puñetazos en los coches. Los examinadores piden que se comunique al día siguiente de la prueba y se cuelgue en la web de Tráfico, como se hace con los exámenes teóricos.

Otra de las reivindicaciones es el aumento de la plantilla. «En la Región es a todas luces insuficiente, sobre todo en Cartagena, que necesitaría como mínimo el doble para cubrir la demanda», dijo Belmonte, añadiendo que hace años que no se cubren las bajas por jubilación.

Sólo en Cartagena hay 540 expedientes pendientes de examen, y en toda la Region la huelga ha provocado que haya 1.500 aspirantes a la espera de ser examinados. «El año pasado ya había tres semanas de retraso en Murcia y más de un mes en Cartagena», argumentó José Velasco, examinador de Murcia.

No a la privatización

Los evaluadores, que debido a la huelga han recortado en tres horas su jornada laboral, también piden la creación de un cuerpo específico al que se acceda por oposición y que esté retribuído «como le corresponde al trabajo que hacemos», manifestó Juan Ayala, que también pertenece al colectivo de Murcia.

«Si se crea una escala de Examinadores, con una oposicion específica, y unos requisitos mínimos, el que quiera podrá optar a esas plazas, y sabemos que hay miles de profesores de formación vial que quieren acceder a esos puestos», apuntó. Ahora sólo un funcionario puede serlo.

«Intentamos dignificar nuestro puesto de trabajo; llevamos ocho años negociando con la DGT pero salvo buenas palabras no hemos obtenido nada; y nos tememos que la intención de Tráfico sea privatizar este servicio, a lo que nos oponemos porque nosotros mantenemos una imparcialidad que con intereses económicos por medio sería imposible», concluyeron los examinadores