La Consejería de Agricultura destinará 27,5 millones de euros a impulsar la incorporación de jóvenes agricultores al sector con ayudas que podrán llegar hasta los 70.000 euros y de las que se podrán beneficiar unos 600 jóvenes.

La consejera del ramo, Adela Martínez-Cachá, ha hecho ese anuncio esta tarde ante el pleno de la Asamblea Regional, donde ha comparecido para presentar las líneas estratégicas de su departamento de cara a esta legislatura.

Según ha explicado, en los próximos días se pondrá en marcha la convocatoria para acceder a esas ayudas, enmarcadas en el programa de desarrollo rural y destinadas a agricultores de hasta 40 años, que podrán recibir hasta un máximo de 70.000 euros por persona.

Esas ayudas servirán para poner en marcha actuaciones empresariales en el ámbito agrario y ganadero y será un requisito fundamental para acogerse a las mismas que estos jóvenes tengan una correcta formación y participen en cursos e iniciativas formativas.

La Región de Murcia, ha dicho, será una de las primeras comunidades autónomas en articular este tipo de medidas, que van aparejadas a la innovación a la formación, y para mejorar ese campo la consejería pondrá en marcha los primero programas de formación profesional dual, bilingüe y online a través de los centros dependientes de la consejería.

El objetivo es que los agricultores y ganaderos murcianos sean los mejor formados y lo hagan a través de los empresarios del sector, ya que la agricultura y ganadería suponen un importante peso en la economía regional y en el campo de las exportaciones, que han crecido un 26 por ciento de 2013 a 2014.

De hecho, ha dicho, la agricultura supone el 4 por ciento del PIB regional, y genera unos 94.000 empleos, en torno al 13 por ciento de la población activa de la región, tres veces más que la media nacional.

Por eso, ha destacado la importancia de las nuevas ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que beneficiarán a unos 14.000 agricultores, ha dicho, y cuyo pago anticipado se iniciará el próximo 16 de octubre.

Martínez-Cachá ha dedicado también buena parte de su intervención a hablar de agua, y ha reconocido la situación "crítica" en que se encuentran las reservas en la cabecera del Tajo por la ausencia de lluvias, lo que abre la posibilidad de que no llegue en los próximos meses agua del trasvase.

Así, ha recordado que el nivel de alerta actual es el 3 y, si pasa al nivel 4, que supondrá la ausencia de agua trasvasada, esa situación podría prolongarse durante meses.

Por eso, ha considerado que las previsiones de trasvase que autorizará la próxima reunión de la comisión de explotación del trasvase son "nada optimistas", previsiblemente muy lejos de los 20 hectómetros cúbicos que se autorizaron en la última ocasión, y puede que la autorización quede por debajo de los 10 hectómetros cúbicos, ha dicho.

Ante esa realidad, ha señalado, la alternativa es apoyar a los regantes del trasvase con cesiones dentro de la propia cuenca del Segura, con cesiones de otras cuencas, como la del Júcar, y a través del agua desalinizada a un precio justo, un precio que, ha informado, está previsto que se fije por la Consejería y el Ministerio de Medio Ambiente la próxima semana.

Por otra parte, Martínez-Cachá ha anunciado la puesta en marcha del segundo plan de saneamiento y depuración, que estará marcado por la innovación tecnológica y que llegará a núcleos de población de unos 100 habitantes, muy por encima de lo que establece la legislación vigente, que pone el límite en poblaciones de más de 2.000 habitantes.

De hecho, según ha subrayado la consejera, la innovación será la línea estratégica que vertebrará toda la estrategia de su departamento, y ha hecho especial hincapié en la implantación de la administración electrónica para agilizar los expedientes dirigidos al órgano medioambiental de la consejería.

En el último año esos expedientes han crecido de 17.000 a 33.000, ha dicho, como consecuencia del aumento de la normativa ambiental, y el objetivo de la consejería es reducir los plazos de resolución en un 30 por ciento.

El otro objetivo prioritario de la consejería en materia de medio ambiente será aprobar en diciembre el plan regional de Calidad del Aire, así como la aprobación del plan integral de gestión de residuos para el periodo 2015-2020, que será una herramienta de apoyo para la gestión municipal de los residuos, ha concluido.