Los integrantes de los consejos de administración del Ente Público del Agua y de la empresa Hidronostrum que aprobaron la compra de acciones de la sociedad Desaladora de Escombreras al grupo presidido por Florentino Pérez en 2006 y en 2010, tendrán que responder de las pérdidas en las arcas de la Comunidad Autónoma que hayan podido causar las operaciones realizadas a través de un entramado societario.

La gestión de la empresa pública creada para suministrar los caudales procedentes de la planta a los ayuntamientos que no conseguían la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para aprobar nuevos desarrollos urbanísticos está siendo investigada por la Fiscalía y por una comisión de la Asamblea Regional. Al frente de los consejos estaba el exconsejero Antonio Cerdá y el presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas, junto a altos cargos de Hacienda, Presidencia y Obras Públicas

La desaladora de Escombreras debía servir como garantía de suministro a los 26 ayuntamientos que se acogieron al convenio para sacar adelante sus planes parciales, pero el Tribunal Supremo ha anulado la planificación que carecía del certificado de la CHS. La planta está funcionando al 60%, aunque tiene una gran desmanda para riego.

Buscando a los responsables

  • Las consecuencias de los compromisos aceptados con el alquiler con la desaladora de Escombreras y las condiciones leoninas asumidas con la adquisición de acciones de la empresa del mismo nombre (titular del contrato de arrendamiento) a la sociedad que construyó la planta, Hydro Management, también serán investigadas a partir de ahora por el Tribunal de Cuentas, tras la decisión del Consejo de Gobierno de enviarle los informes elaborados por la Intervención General y los Servicios Jurídicos, en los que se plantea la existencia de un posible perjuicio contable, que deberían afrontar los responsables con su patrimonio.
  • El Ejecutivo pretende que este órgano fiscalizador averigüe si se ha producido un perjuicio a la Administración regional y, en su caso, señale a los responsables de las pérdidas, tal y como pedían la Intervención y los Servicios Jurídicos en los informes que fueron remitidos el pasado mes de julio a la Fiscalía.

La sociedad creada por el Ente Público del Agua para gestionar el suministro de los caudales procedentes de Escombreras estuvo presidida desde el primer momento por el anterior consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, que dimitió el pasado mes de febrero por su imputación en el caso Novo Carthago.

Hidronostrum tuvo inicialmente como secretaria a una asesora del equipo de Cerdá que también está imputada en la recalificación de los terrenos protegidos junto al Mar Menor, María Antonieta Fernández, que no ocupaba un puesto de consejero. Posteriormente fue sustituida por Andrés Arnaldos.

También ha formado parte de los consejos del Ente Público y de Hidronostrum el presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas. El gerente fue inicialmente Amalio Garrido, que fue sustituido por José Manuel Ferrer.

Cuando Hidronostrum compró el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras también eran consejeros los entonces altos cargos Juan José Beltrán (de Hacienda), Diego Pardo (Obras Públicas) y Diego Cola (Presidencia). En 2010, cuando fue adquirido el 49%, eran consejeros María Dolores Gomariz (Hacienda), José María Bernabé (Obras Públicas), imputado también en Novo Carthago, y José María Morales (Presidencia). Algunos de ellos ya son conscientes de que serían los primeros en ser llamados a declarar. Entre los altos cargos que han pasado por Hidronostrum figura también el delegado del Gobierno, Sánchez-Solís.