El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha anunciado este lunes que los próximos presupuestos de esta Comunidad eliminarán las tasas exigidas hasta ahora para acreditar la condición de personas dependientes y el copago del 33 por ciento para los usuarios de centros de día con pensiones más bajas.
Tras participar en la reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad celebrada este lunes en el Palacio de la Zarzuela, bajo la presidencia de doña Letizia, Sánchez ha subrayado, asimismo, que el Gobierno murciano eliminará asimismo las tasas que se cobraban hasta ahora a quienes necesitaban acreditar la condición de familia numerosa.
En declaraciones a los periodistas tras abandonar el recinto de la Zarzuela, el jefe del Ejecutivo autonómico murciano ha recalcado que aquellos ciudadanos de su región que necesiten ser acreditados o renovar su acreditación para la dependencia "no tendrán que pagar tasas".
Murcia, pionera en España
- El presidente de la Comunidad apuntó que "no podemos gravarles con una tasa precisamente para reconocer que tienen menos recursos y acceder a otro tipo de ayudas. Eso es una contradicción y queremos eliminarla en los próximos presupuestos regionales".
- El jefe del Ejecutivo regional destacó las medidas de apoyo a los colectivos sociales que el Gobierno regional ha puesto en marcha en sus primeros cien días y que han sido pioneras en España, como la constitución de la Mesa del Tercer Sector y la modificación de la ley del Sistema de Servicios Sociales de la Región.
Del mismo modo, los usuarios de centros de día que sólo dispongan de una pensión no contributiva se verán libres de abonar el actual copago del 33 por ciento a partir de los próximos presupuestos, según ha señalado Sánchez, antes de reafirmar su disposición a "seguir ayudando más a quien más lo necesita" en el ámbito de la discapacidad y las políticas sociales.
En este contexto, Sánchez ha recordado que el Gobierno murciano ha sido "la primera Comunidad Autónoma" que ha creado una mesa del tercer sector y que ha cambiado la ley para confiar de manera especial la gestión de los servicios sociales autonómicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), no a las grandes empresas.
