El caso de la niña Andrea, de 12 años, ingresada en el Hospital de Santiago de Compostela con una enfermedad irreversible y cuyos padres piden que no se alargue la vida artificialmente, ha abierto de nuevo el debate sobre la muerte digna y la eutanasia, como a finales del pasado siglo la abrió Ramón Sampedro, tetrapléjico, también gallego, el primer español que acudió a los tribunales para reclamar su derecho a una muerte digna y que, harto de esperar tras años de litigio, llevó lo que consideraba su derecho a sus últimas consecuencias, en enero de 1998, ayudado por su amiga Ramona Maneiro.
A medio camino entre Sampedro y la niña Andrea saltó en 2006 en Andalucía el caso de Inmaculada Echevarría, una mujer de 51 años que llevaba 20 años postrada en una cama por una distrofia muscular que le diagnosticaron cuando tenía solo 11 años. Inmaculada solicitó oficialmente que la dejasen morir y el Comité Ético de la Junta de Andalucía y el Consejo Consultivo lo autorizaron, en una decisión histórica.
Esta postura encontró muchas voces en contra, entre ellas las de la Iglesia católica, por lo que Inmaculada no pudo morir en el centro en el que vivió los últimos diez años, el Hospital San Rafael de Granada de la orden de San Juan de Dios y fue trasladada para morir en un hospital público de la Junta de Andalucía.
En el caso de la niña Andrea, los padres dicen que cuentan con el informe favorable del Comité de Ética, pero que no ha sido atendido por el centro hospitalario. La decisión ahora está en manos de un juez.
En estos cuatro lustros se han ido haciendo cosas sin que el derecho a una muerte digna se haya resuelto. Varias comunidades como Andalucía, Canarias, Aragón, Navarra, Baleares y Galicia, aprobada recientemente, cuentan con legislaciones autonómicas sobre la muerte digna, pero que, como señala la Asociación Derecho a Morir Dignamente, han demostrado que son una herramienta «insuficiente» para que se respeten los derechos y se mejore la calidad del fin de la vida de los ciudadanos.
Estas leyes vienen a completar la Ley Básica de Autonomía del Paciente (LAP), aprobada en 2002 que establece como un principio básico que «el paciente tiene derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles y a negarse al tratamiento. En el caso de un menor, como la niña de Santiago, el consentimiento debe ser del tutor legal.
En este sentido, la Asociación Derecho a Morir Dignamente, considera que los derechos de los pacientes no deben quedar al albur de la interpretación del personal sanitario, por lo que pide que las próximas mayorías del Parlamento español se decidan a abordar la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido.
Al hilo de esta polémica, el líder del PSOE Pedro Sánchez, ha afirmado que está dispuesto a abrir el debate sobre la eutanasia en la próxima legislatura y aprobar una ley que la regule la muerte digna.
No es la primera vez que los socialistas llevan el debate sobre la eutanasia en su programa electoral. Ya lo hicieron en 2004 y 2009, sin que se abordase el tema en esas legislaturas.
La eutanasia genera un gran debate entre partidarios y detractores, por lo que solo cuatro países europeos han aprobado leyes para regular el suicidio asistido:Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Suiza.
En la mayoría de las leyes de estos países se habla de suicidio asistido, que es aquel en el que se le proporciona a una persona de forma intencionada los medios necesarios para suicidarse. La eutanasia se considera a las actuaciones que producen directa e intencionadamente la muerte de los pacientes.
