Desaladora

El Gobierno pregunta al Tribunal de Cuentas si el contrato de Escombreras ha causado perjuicio

El Ejecutivo acuerda remitirle los informes para que aclare a quién habría que exigirle responsabilidades

01.10.2015 | 04:00
El Gobierno pregunta al Tribunal de Cuentas si el contrato de Escombreras ha causado perjuicio

El Gobierno regional remitirá al Tribunal de Cuentas los informes sobre la desaladora de Escombreras elaborados por la Intervención General y los Servicios Jurídicos de la Comunidad para que resuelva si el contrato con la empresa propietaria de la planta ha supuesto un perjuicio económico a la Administración regional y señale a los responsables. La decisión fue adoptada ayer por el Consejo de Gobierno, tras conocer un informe de la consejería de Hacienda que aconsejaba remitir toda la documentación a este órgano fiscalizador de las cuentas públicas para que aclare si ha habido responsabilidades contables en la gestión del Ente Público del Agua, que se encuentra ahora en proceso de liquidación.

El Tribunal de Cuentas ya elaboró hace varios años un informe sobre el contrato de arrendamiento de la desaladora, en el que advertía de que el agua procedente de la planta costaba a la Comunidad 10 euros por metro cúbico, dado que el Gobierno tuvo que empezar a pagar desde el primer momento, aunque recibía unos caudales muy escasos. También cuestionó el entramado de empresas públicas dentro del Ente.
Aquel informe del Tribunal de Cuentas fue remitido por el abogado Diego de Ramón a la Fiscalía en 2014.

El letrado, que representa a los clientes de la desaparecida Caja del Mediterráneo en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la quiebra de la CAM, considera que el objetivo del contrato era garantizar el suministro de agua potable a la urbanización Novo Carthago, una operación urbanística financiada por la entidad, que también está siendo investigada en los tribunales y que ha provocado la dimisión de varios altos cargos del Gobierno de Ramón Luis Valcarcel, entre los cuales figura el anterior consejero de Agricultura, Antonio Cerda, el creador del Ente Público.

Por su parte, el Gobierno regional envió a la Fiscalía el pasado mes de julio los informes elaborados por el interventor de la Comunidad y por los Servicios Jurídicos, en los que se ponía de manifiesto que el contrato ha causado ya pérdidas por importe de decenas de millones euros y se instaba al Gobierno a exigir «responsabilidades patrimoniales a los causantes del «perjuicio» económico. De acuerdo con estos cálculos, el contrato genera unos 13 millones anuales de pérdidas.

En estos informes también se proponía la disolución del Ente Público del Agua y se instaba al Ejecutivo a exigir «responsabilidades patrimoniales». La Fiscalía decidirá en los próximos días si remite la investigación al juez.
Paralelamente, el Ejecutivo instó a las consejerías de Presidencia, Hacienda y Agricultura a que formularan las propuestas de actuación que considerasen oportunas para dirimir las posibles responsabilidades.

La consejera portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo que el Ejecutivo murciano tuvo conocimiento de los informes el pasado 13 de julio y que al día siguiente los remitió a la Fiscalía. «Antes de que se cumplan los 100 días de este Gobierno, el Consejo ha adoptado este acuerdo en un ejercicio máximo de transparencia, que es el principio por el que se rige el Ejecutivo a la hora de tomar todas sus decisiones», declaró.

A su vez, la consejería Hacienda aportó ayer un informe de sus propios servicios jurídicos al Consejo de Gobierno en el que aconsejaba el envío al Tribunal de Cuentas. Su opinión es que este órgano del Estado es el que mejor puede dirimir la posible existencia de responsabilidades contables apuntadas por la Intervención y los Servicios Jurídicos.

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