El Tribunal Constitucional ha dado la razón a un profesor interino de la Región de Murcia al que la consejería de Educación sancionó en el año 2010 con 23 meses de suspensión de empleo y sueldo.

Los servicios de Inspección de la Consejería entendieron entonces que el profesor había cometido una falta grave de injurias en dos escritos que el interino dirigió contra la labor de un inspector y otros funcionarios que, según aseguraba, le estaban haciendo acoso laboral.

Según explicó su abogado, José Mateos, el inicio del conflicto se produce en el año 2008 cuando el centro en el que trabajaba informó a la Inspección de que el interino había faltado tres días sin causa justificada. Este hecho motiva la apertura de un expediente y la asignación de un instructor del caso.

El interino se queja entonces de que esta persona no le permite hacer alegaciones ni defenderse y considera que está llevando a cabo contra él una actuación arbitraria. En dos duros escrito expone todas sus quejas y esto le ocasiona una sanción de 23 meses sin empleo y sueldo que se hizo efectiva en 2010.

Desde entonces no ha podido trabajar en la Región y se tuvo que marchar a Andalucía a ejercer. El Constitucional ahora le ampara y asegura que sus cartas deben ser vistas como un ejercicio de la libertad de expresión.

El profesor reclamará ahora a Educación la devolución del sueldo perdido en esos meses, la anulación de la sanción de su expediente y la recuperación de su puesto en las listas.