El consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, propondrá mañana a la Mesa General de la Función Pública la devolución en 2016 de un cuarto de la paga extra de Navidad que fue suprimida en 2012. Los 50.000 funcionarios de la Comunidad también verán incrementadas sus retribuciones en un 1% por primera vez después de seis años sin subida salarial y cobrarán las dos pagas extaordinarias de verano y de Navidad sin ningún recorte. Carrillo también propondrá a los sindicatos representados en la mesa de negociación la prórroga de los ajustes que la Comunidad introdujo en 2011 cuando los ingresos se vinieron abajo y el déficit se desbocó.

Teniendo en cuenta que el techo de gasto de la Comunidad para 2016 apenas si superará el de este año -poco más de 4.100 millones de euros-, el capítulo de los gastos de personal incrementará su peso en las cuentas regionales por encima del 22,50%.

Los 1.032 millones de la nómina presupuestados para este año se verán incrementados en 10,3 millones con la subida salarial del 1%, a los que hay añadir los 22 millones que representa la devolución del cuarto de la extra suprimida. En total, el capítulo de personal de la Comunidad se incrementará en 32,3 millones, mientras que el déficit autorizado se reducirá al 0,3%.

En la que será la primera reunión de la mesa de negociación de la Comunidad Autónoma presidida por Andrés Carrillo el titular de Hacienda anunciará oficialmente a los sindicatos el aplazamiento del cuarto de paga hasta 2016, que ya les había comunicado extraoficialmente, durante los encuentros que ha venido manteniendo con los líderes de las organizaciones que se sientan en la Mesa de la Función Pública. La Comunidad ya había abonado el pasado mes de marzo otro 25% de la paga de 2012, que el Consejo de Ministros recortó a los funcionarios de las tres administraciones públicas.

Sin embargo, no ha delantado todavía cuándo podrá devolver la otra mitad de la extra suprimida, que el Estado ha incluido en los Presupuestos Generales para 2016.

Los sindicatos han recurrido a los grupos de la oposición parlamentaria en la Asamblea Regional, tratando de conseguir que Murcia pague este mismo año el 26% de la extra de 2012 que el ministerio de Hacienda abonará en cuestión de semanas, para evitar que los 50.000 empleados de la Administración regional sufran lo que consideran un agravio comparativo frente a los funcionarios del Estado, lo que hace prever una reunión polémica.

Aunque la creación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y los planes de pago a proveedores habilitados por el ministerio de Hacienda garantizan a Murcia el acceso al crédito a bajo interés, la Comunidad sigue sin poder permitirse las mejoras salariales y sociales que había pactado con los sindicatos antes de la crisis, algunas de las cuales ni siquiera llegaron a aplicarse. Andrés Carrillo también llevará a la Mesa General la prórroga de los recortes que el Gobierno regional se vio obligado a introducir en 2011, ante la caída de los ingresos, el crecimiento desbocado del déficit y el cierre de los mercado financieros.

Entre los acuerdos suspendidos figuran complementos como el de la carrera profesional para el personal del Servicio Murciano de Salud o la compensación de las horas extras en tiempo libre.

Los ciudadanos preguntan por la nómina de los altos cargos y los coches oficiales

  • La nómina de los altos cargos o el gasto en vehículos oficiales son algunas de las principales preocupaciones de los ciudadanos que ayer dejaron sus preguntas escritas en el panel instalado por la Comunidad Autónoma en la avenida Libertad de Murcia con motivo del Día Internacional del Acceso a la Información y del Derecho a Saber. «¿Qué es un asesor facultativo?» o «¿cuántos directores generales hay?, podía leerse en las cartulinas que fueron apareciendo a lo largo de la mañana, algunas de los cuales llevaban el sello inequívoco de los funcionarios. Entre los mensajes de los primeros viandantes que se pararon a dejar una pregunta por escrito figuraban también las relativas a las ofertas de empleo público y a la convocatoria de plazas.
  • A partir de ahora cualquier ciudadano que lo desee podrá plantear sus preguntas, dudas y sugerencias a la Comunidad a través de Facebook y Twitter, mediante el ´hashtag´ #derechoasaber, que se convierten en otras dos vías de comunicación con la Administración regional. Los ciudadanos se pueden dirigir directamente a la Comunidad y ejercer desde su propia casa el derecho a estar informado.
  • El Gobierno contará además desde principios de octubre con un nuevo Portal de la Transparencia. El presidente del Ejecutivo regional, Pedro Antonio Sánchez, anunció que «seremos una de las primeras comunidades autónomas en contar con un portal de ese tipo. Sin haber cumplido aún los cien días de Gobierno, hemos posibilitado la puesta en marcha del Consejo de la Transparencia y estamos estableciendo acuerdos con ayuntamientos de la Región en este sentido». Pedro Antonio Sánchez, que inauguró el panel destinado a las preguntas de los ciudadanos que permaneció en la avenida Libertad hasta la tarde, dijo que esta iniciativa pretendía simbolizar su disposición a fomentar «las políticas regionales de transparencia y la participación ciudadana». Aseguró que para el Gobierno regional «la trasparencia es un camino que no tiene vuelta atrás. Queremos que la Región sea un ejemplo de transparencia en la gestión pública», recalcó. La Comunidad está tramitando el Reglamento de Participación Ciudadana que define cinco cauces diferentes: las aportaciones ciudadanas y las consultas públicas en modo ´online´, los foros de participación ciudadana que se realizan de manera presencial, los procesos de deliberación participativa, la más completa de las modalidades porque recoge los dos formatos anteriores; y las iniciativas ciudadanas motivadas con un mínimo de 6.000 firmas.
  • «Ése va a ser el camino por el que avance este Gobierno en esta legislatura», remarcó el presidente, quien añadió que «la transparencia es un eje principal e imprescindible en esa nueva forma de hacer política porque éste es un Gobierno de todos, un Gobierno de la coparticipación». Añadió que «hoy, en términos de gasto, estamos publicando todo lo que significa la gestión pública del Gobierno regional».
  • Por otra parte, ayer se reunió por primera vez el Consejo de la Transaprecia, presidido por José Molina, que se constituyó el pasado mes de julio. En su primera reunión el Consejo estableció sus pautas de funcionamiento y aprobó el Manifiesto de la Transparencia, por el que se regirá. El documento fue firmado posteriormente por José Molina y la consejera de Presidencia, María Dolores Pagán. La consejera destacó que la Comunidad es la primera institución que se adhiere a esta declaración.
  • Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Región ha pedido al Consejo de Transparencia u asesoramiento para ejecutar las recomendaciones necesarias que permitan evaluar los niveles de transparencia de la Administración de Justicia en esta comunidad autónoma. Esta petición fue trasladada por el presidente del TSJMU, Miguel Pasqual del Riquelme Herrero, al presidente del Consejo de Transparencia regional, José Molina Molina, con ocasión de su visita institucional para la presentación de las funciones del órgano independiente de control.

Una plataforma ciudadana creada para vigilar y poner a prueba la diligencia del Gobierno en la publicación de los documentos oficiales que pasan por el Consejo exige al Ejecutivo que deje de racanear la información y de dar a conocer solo la documentación que considera de «interés general».

A las denuncias que ha recibido hasta ahora el Consejo de la Transparencia, entre las cuales figura la publicación de los datos de contaminación atmosférica, el proceso de adjudicación de 7TV y la relación de puestos de trabajo de la Comunidad, se ha sumado ahora otra queja de un colectivo ciudadano que denuncia la tardanza de la Comunidad en la publicación de la documentación oficial.

Según se recoge en la denuncia, «el 25 de septiembre se publicó en la web de la Transparencia la documentación de los asuntos tratados en las sesiones del Consejo de Gobierno de los meses de julio, agosto y septiembre, pero solo aquella documentación que a juicio de ese mismo Consejo de Gobierno es considerada de ´interés general». Esta plataforma ha solicitado «la intervención del Consejo de Transparencia para poner fin a esta situación e instar al Gobierno regional a que publique en la web de la Transparencia toda la documentación de los expedientes que hayan sido sometidos a su consideración».