El presidente del Consejo de la Transparencia de la Región, José Molina, quiere que las listas de espera de la sanidad sean públicas. El máximo responsable del órgano creado por el Gobierno regional para garantizar que la información de la Comunidad Autónoma está al alcance de los ciudadanos, considera que es posible preservar la intimidad del paciente asignándole un número, «sin necesidad de dar a conocer su nombre ni su enfermedad». Molina también aspira a conseguir que se den a conocer «los nombres y las cuentas de todas las empresas que reciben ayudas y subvenciones» de la Administración regional. Este consejo se reunirá hoy por primera vez en la Asamblea Regional, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Acceso a la Información y del Derecho a Saber, que se celebra hoy.

El Consejo de la Transparencia fue constituido el pasado mes de julio y durante las últimas semanas ha recibido ya media docena de quejas de ciudadanos que quieren ver reflejadas en la web creada por la Comunidad Autónoma información que consideran necesaria.

Además de los consejeros que proceden del CES, de las universidades públicas y del Consejo Jurídico, forman parte de este órgano los diputados de Ciudadanos y del PP Miguel Sánchez y Patricia Hernández, respectivamente, en representación del Parlamento regional. En representación de la Comunidad han entrado al Consejo José David Hernández, Alfredo Nieto y Catalina Esparza, que proceden de las consejerías de Presidencia, de Hacienda y de la Inspección de Servicios, respectivamente.

Entre las primeras reclamaciones recibidas, que serán tratadas en la reunión de hoy, figuran las relativas a los datos sobre los índices de contaminación, el catálogo de puestos de trabajo de la Administración regional, el concurso para la adjudicación del canal de televisión autonómica 7TV y las subvenciones destinadas a las empresas y organismos que imparten los cursos de formación para desempleados y trabajadores en activo.

Molina propondrá además que se hagan públicas las listas de espera de la sanidad, «para que los enfermos sepan cuántos pacientes tienen delante y tengan la seguridad de que no se cuela nadie. En Educación hay que dar a conocer también los sistemas de evaluación de los colegios públicos». Piensa reunirse con altos funcionarios de la Administración regional para explicarles que el cumplimiento de la normativa que regula el acceso a la información también obliga a los empleados públicos a trabajar con el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a recibir una respuesta cuando solicitan información. «No queremos perseguir a nadie. La transparencia es una cadena y no debe romperse en ningún momento», afirmó. Por eso considera necesario reformar la legislación actual y acabar con el silencio administrativo, que permite a las instituciones rechazar una solicitud sin ofrecer una justificación ni aclarar los motivos por los que la deniega. A su juicio, se trata de «una norma arcaica del siglo XIX».

Las peticiones al consejo pueden ser remitidas a través de la dirección consejotransparencia@carm.es.