Política

Cerdá y otros altos cargos responderán sobre la desaladora

Por el consejo de administración de la empresa pública que ha originado el desfase contable con la venta de agua han pasado secretarios generales y directores de varias consejerías

25.09.2015 | 04:00
Antonio Cerdá.

El Gobierno no cumple su propia Ley de Transparencia

  • El Gobierno regional puede haber incumplido su propia Ley de Transparencia al no haber hecho públicos los informes de los Servicios Jurídicos y de la Intervención general sobre el contrato con la empresa propietaria de la desaladora de Escombreras, que pasaron por la mesa del Consejo de Gobierno el pasado 13 de julio. Tras la sesión, el Ejecutivo se limitó a anunciar que se daba por enterado de la existancia de tales informes, pero no los incluyó en la web de la Transparencia, tal y como era preceptivo de acuerdo con la nueva normativa. El Ejecutivo no llegó a pronunciarse sobre esta cuestión.

El exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá y ex altos cargos de varias consejerías han formado parte del consejo de administración de la sociedad Hidronostrum, dependiente del Ente Público del Agua, que ha originado el desfase contable en la venta de los caudales de la desaladora de Escombreras. La Comunidad tiene que averiguar quiénes son los responsables del perjuicio contable que han podido sufrir las arcas regionales a raíz de las pérdidas registradas por la sociedad pública que distribuía el agua. Este es uno de los requerimientos contemplados en los informes de la Intervención y de los Servicios Jurídicos, que también resolvieron la disolución el Ente del Agua y el envío de toda la documentación a la Fiscalía.

De las tres indicaciones que contemplaban los informes jurídicos, solo se ha cumplido hasta ahora con el envío de la documentación a la Fiscalía, que abrió diligencias a raíz de la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón en 2014. El fiscal se propone resolver este mismo mes si aprecia indicios de delito y da traslado de sus diligencias al juez. También la Asamblea Regional ha creado una comisión para investigar el contrato con la desaladora, que empezó a cobrar el agua antes de llegar a suministrarla.

Sin embargo, aunque se ha cumplido la disolución del Ente Público del Agua, este organismo aún está en fase de liquidación patrimonial por sus vinculación a las empresas públicas que gestionaban los caudales de la desaladora de Escombreras.

Identificar a los responsables

  • La Comunidad debe identificar ahora a los responsables del perjuico contable que originó a las cuentas de la Administración regional el contrato con la propietaria de la desaladora, la compañía Hydro Managment, participada en un 80% por el grupo empresarial de Florentino Pérez. El Ente público compraba el agua a través de la sociedad Hidronostrum, cuyo consejo de administración presidía el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá.

También han formado parte del consejo de Hidronostrum los secretarios generales de la consejería de Obras Públicas y los directores generales del Agua, Presupuestos y Administración Local.

De acuerdo con los informes de los Servicios Jurídicos, «el diseño inicial de la operación formalizada en 2006 implicaba unas obligaciones de pago superiores a la cifra de negocio que podría lograr la sociedad». Las pérdidas estimadas se cifran «en cerca de 13 millones de euros durante el periodo 2013-2015», lo que supone 54 millones en los últimos cuatro años. En los informes, que pasaron por la mesa del Consejo de Gobierno el pasado 13 de julio, se establece también la responsabilidad patrimonial de los causantes de las pérdidas sufridas por la Hacienda regional, lo que significa que tendrían que responder con su patrimonio.

Por otra parte, el abogado Diego de Ramón también ha responsabilizado a Antonio Cerdá y a tres exconsejeros de Obras Públicas de los perjuicios que pueda ocasionar la anulación de los convenios urbanísticos suscritos por ayuntamientos que se apuntaron al convenio del Ente Público. Según la denuncia remitida por el letrado a la Fiscalía, de la que informó LA OPINIÓN, los municipios que no aportaron el certificado de la Confederación Hidrográfica del Segura garantizando el suministro de agua a los nuevos desarrollos urbanísticos se quedarían sin plan general, de acuerdo con la sentencia del Supremo que anula el PGOU de Puerto Lumbreras.

Fomento acata la decisión judicial

  • La consejería de Fomento respondió ayer que «como órgano sustantivo que aprueba en su fase definitiva» los documentos de los planes generales aportados por los municipios, «siempre ha cumplido con la legislación vigente de cada materia que interviene en la citada planificación urbanística, como medio ambiente, cultura o montes, así como en materia de aguas, solicitando el correspondiente informe del órgano competente». Respecto a la sentencia, el departamento de Francisco Bernabé dice que «sin perjuicio de la interpretación de su contenido en la decisión judicial que recaiga, en su caso, en sede jurisdiccional, como es este caso, la cual acatamos sin más y procedemos, de inmediato, a dar cumplimiento de ello».

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