Las víctimas de la talidomida en España se vuelven a sentir hoy ignoradas y olvidadas, como lo llevan, aseguran, desde hace casi 60 años. La respuesta del Supremo, aunque era esperada, les ha supuesto un mazazo: se les ha negado que sean indemnizadas por los daños que les provocó el medicamento.
Un fármaco, que era un sedante que comenzó a venderse a partir de 1957 y que se administraba además como complemento inocuo para las náuseas de las mujeres embarazadas.
Causó graves malformaciones en los fetos, principalmente focomelias, ausencia de extremidades y otras agenesias.
"Eran bebés -dicen las víctimas- que de no haber sido expuestos a la toxicidad del fármaco en el seno materno hubieran nacido sanos. Muchos de ellos murieron, bien porque la talidomida les afectó gravemente al cerebro y al corazón y otros órganos internos vitales, bien porque se suicidaron con el paso de los años, por no poder sobrellevar su carga".
Pero otros muchos superaron todos los obstáculos, llegaron a adultos y llevan luchando muchos años para ser indemnizados, y a principios de año se concentraron frente a la Moncloa para pedir pensiones vitalicias y ayudas médicas.
Las víctimas escenificaron un entierro en homenaje a los fallecidos como consecuencia de este fármaco, que tomó María Luisa Torrejón, una de las víctimas de ese medicamento que en Alemania y otros países se retiró en 1961, cuando se descubrió que producía malformaciones en recién nacidos.
En España, sin embargo, continuó vendiéndose hasta 1962, y en algunos lugares, según afirman los afectados, hasta 1965.
El principio activo se distribuyó en más de 50 países del mundo, con más de 80 nombres comerciales y, según la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), provocó malformaciones en más de 20.000 bebés en todo el mundo, unos 3.000 de ellos en España.
La mayoría de los afectados fueron víctimas de la focomelia, una anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades.
La talidomida se asocia también con la neuropatía periférica, una enfermedad que genera una debilidad muscular que en muchos casos llega a postrar a una persona en una silla de ruedas.
Las víctimas de la talidomida fueron indemnizadas en Alemania en 1971 y también recibieron compensaciones hace décadas en países como Francia, Japón, Suiza, Australia o Italia.
En España, el Gobierno no reconoció oficialmente la existencia de afectados hasta 2010, cuando aprobó un real decreto de ayudas para una veintena de perjudicados.
Además, a diferencia de Alemania y otros países, en los que las víctimas pactaron con la farmacéutica y perciben pensiones vitalicias a través de la fundación Contergán, en España no se llegó a alcanzar un acuerdo, a pesar de que ambas partes mantuvieron tres reuniones y un acto de conciliación en los juzgados de Madrid.
La farmacéutica ofreció 120.000 euros anuales para todos los afectados, pero éstos lo rechazaron.
En 2011 Avite demandó a Grünenthal y argumentó que la farmacéutica siguió vendiendo la talidomida en España después de su retirada en Alemania.
En agosto de 2012, la farmacéutica pidió perdón a los afectados y en noviembre de 2013 el juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid condenó a Grünenthal a pagar a cada uno de los afectados 20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía que les hubiera reconocido la Administración.
Casi un año después, sin embargo, la Audiencia de Madrid revocó la decisión -al considerar que la demanda se había presentado fuera de plazo- y canceló las indemnizaciones a las víctimas, que recurrieron ante el Supremo.
