La comisión de la Asamblea Regional que a partir de hoy empezará a estudiar el contrato del Ente Público del Agua con la empresa propietaria de la desaladora de Escombreras no lo va a tener nada fácil. En el intrincado laberinto que envuelve la operación entre la consejería de Agricultura y Agua y la sociedad Hydro Management, participada en un 80% por el grupo del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se ha abierto un nuevo frente de consecuencias imprevisibles.
La sentencia del Supremo del pasado julio que anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Puerto Lumbreras puede llevarse por delante los convenios urbanísticos firmados con las promotoras por todos los municipios de la Región que consiguieron el visto bueno de la Comunidad apuntándose al agua de Escombreras, cuando la Confederación Hidrográfica del Segura les negaba los caudales que reclamaban para abastecer a las urbanizaciones en proyecto. El Supremo concluye que, pese a los certificados del Ente Público que garantizaban el suministro futuro, la planificación urbanística exige un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) establecido en el artículo 25.4 de la Ley de Aguas, que se ha omitido en decenas de convenios urbanísticos.
A la vista de la sentencia, el abogado Diego de Ramón ha presentado una nueva denuncia ante la Fiscalía en la que responsabiliza al exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá, que admitió ante la Asamblea Regional haber creado el Ente Público y suscrito el contrato con la propietaria de la desaladora para resolver el problema de los municipios que no podían aprobar nuevos desarrollos urbanísticos por falta de los caudales que les negaba la CHS. Sostiene que los ayuntamientos pueden verse «en la quiebra» al tener que devolver varios miles de millones a las empresas.
De Ramón, que es también el autor de la denuncia que dio lugar a la apertura de diligencias en la Fiscalía sobre el contrato de Escombreras, dado que la empresa reclama cientos de millones a la Comunidad por la rescisión del contrato de alquiler firmado para 25 años, responsabiliza igualmente a los exconsejeros de Obras Públicas Joaquín Bascuñana, José Ballesta (ahora alcalde de Murcia) y Antonio Sevilla (presidente de la Autoridad Portuaria) de la aprobación de planes generales de ordenación sin el informe preceptivo de la CHS.
El letrado murciano afirma que ha denunciado estos hechos ante la Fiscalía «para que investigue todos los convenios urbanísticos suscritos desde el año 2005 por los 26 ayuntamientos» que se acogieron al convenio con el Ente Público del Agua. A su juicio, entre las decenas de convenios que podrían ser anulados figuran los de Totana o el de Nueva Condomina en la capital, que permitió la construcción del nuevo estadio del Real Murcia y que está siendo investigado dentro de la trama urbanística Umbra.
También el ayuntamiento de Cartagena recurrió al agua de Escombreras para garantizar el suministro a Novo Carthago, la urbanización promovida por Hansa Urbana y la CAM, cuya investigación ha dado lugar a decenas de altos cargos imputados y a varias dimisiones, como la de Cerdá y la del exdelegado del Gobierno Joaquín Bascuñana.
De Ramón acompaña en su denuncia las declaraciones de Cerdá ante la Asamblea Regional en abril de 2013. «Tenemos que remontarnos y ponernos en el contexto del año 2004, 2005 y 2006, cuando había un gran desarrollo, no solamente de tipo urbanístico, sino también un gran desarrollo de tipo industrial, es decir, todos los municipios pedían sus planes de desarrollo, pero al mismo tiempo también pedían sus polígonos industriales, y por lo tanto, esto naturalmente demandaba este recurso agua». Añadía que al ser negativa la respuesta de la CHS a todas las peticiones, entendía que «se estaba limitando la autonomía de la Región», lo que le «determinó a buscar, como es natural, una fuente, el contar con una planta desalinizadora de agua del mar».
La desaladora de Escombreras fue inaugurada en 2007 y, aunque tardó varios años en empezar a aportar caudales, ha pasado su factura anual a la Comunidad desde el primer momento. Los ayuntamientos apenas necesitan el agua, pero la sequía ha generado demanda para riego.
El fiscal que investiga el contrato de la desaladora con Hydro Management, José Luis Díaz Manzanera, aseguró ayer que en el plazo de una semana decidirá si remite al juez las diligencias que ha practicado hasta ahora o decide su archivo.
