Trabajo

La Defensora del Pueblo pide al Gobierno que no limite sus ayudas a UGT y CC OO

Da la razón a USO y reprocha a la Comunidad que aplique un criterio excluyente al negociar solo con las organizaciones mayoritarias

21.09.2015 | 04:00

Empleo revisará los criterios de representividad de lo sindicatos

  • El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, se propone revisar los criterios establecidos por la Comunidad Autónoma en la concesión de ayudas a los sindicatos, que vienen aplicándose desde hace varias décadas. Juan Hernández, que ha asumido las competencias de Empleo, considera necesario analizar la fórmula que viene aplicando la Comunidad Autónoma para determinar la representatividad de cada organización. Al margen de las indicaciones que la Defensora del Pueblo ha hecho al Ejecutivo, el nuevo consejero cree que el paso del tiempo hace necesario valorar los resultados que obtiene cada sindicato en la Región para ver si es necesario replantearse «los criterios de representatividad».
  • Los resultados de los comicios sindicales sitúan a UGT en cabeza, con una representación de entre el 43% y el 44%, seguida por CC OO, que se mueve en torno al 38%. USO se acerca al 10%. En los últimos años han escalado posiciones nuevos sindicatos de la Administración, que se han comido terreno a las organizaciones mayoritarias. El propósito de Juan Hernández es, en primer lugar, analizar los resultados que obtiene cada sindicato en la Región para saber cuál es la situación de partida, con el fin de establecer cuál sería la fórmula de reparto adecuada. «A partir de ahí se verá lo que se hacía hasta ahora» y se decidirá si es preciso cambiar los criterios de representatividad», indicó.

La Defensora del Pueblo ha dado la razón a las reclamaciones de USO y ha remitido un informe al Gobierno regional pidiéndole que no excluya de las ayudas y de la negociación de los pactos que mantiene la Comunidad con UGT y CC OO a las organizaciones que alcancen «una representación suficiente». La institución que dirige Soledad Becerril no comparte el criterio del Ejecutivo y le reprocha que se escude en «la mayor representatividad» de las dos organizaciones mayoritarias a las que subvenciona. Recuerda que «la plena efectividad» de los derechos sindicales «aconseja que se posibilite la participación de los sindicatos con representación suficiente, además de los que ostentan la condición de más representativos», tanto en la negociación de acuerdos y pactos, como «en las subvenciones derivadas de estas».

Las quejas que la Unión Sindical Obrera de Murcia viene presentando desde hace años ante el Defensor del Pueblo para conseguir que el Gobierno regional le diera el mismo trato que tienen los dos sindicatos mayoritarios ha dado sus frutos. USO se ha quejado en reiteradas ocasiones de las subvenciones que los presupuestos de la Comunidad destinan cada año a UGT y CC OO y también a la patronal CROEM. Sus peticiones de amparo han sido atendidas por la institución, que se ha dirigido al Gobierno murciano instándole a tratar por igual «a todos los sindicatos sin excepción».

En un escrito enviado al representante de USO Luis Casalins, que firma Concepción Ferrer, adjunta al Defensor, se insta a la Comunidad a «fomentar la participación en la negociación, suscripción y seguimiento de los acuerdos y pactos para que en el futuro se promuevan en materia de defensa y promoción de intereses económicos y sociales propios de la actividad sindical a los sindicatos presentes en esa comunidad autónoma que, no ostentando la condición de más representativos, alcancen la representatividad suficiente u ordinaria». Responde así a las justificaciones ofrecidas por la Comunidad para explicar las subvenciones destinadas a UGT y CC OO, para el «seguimiento de los acuerdos y pactos para la promoción y estabilidad en el empleo en la Región» suscritos desde el año 1996.

La Defensora entiende que las explicaciones de la Comunidad no concretan de forma precisa «los resultado derivados de estos trabajos, que en las normas presupuestarias aparecen vagamente definidos como ´colaboración para trabajos de preparación y estudios de planificación económica´ y como ´actuaciones complementarias en materia de Trabajo´». En el escrito se recuerda que el Defensor del Pueblo había solicitado información a las consejerías de Hacienda y de Presidencia y Empleo de los anteriores gobiernos autonómicos en varias ocasiones.
Hacienda justifica los criterios aplicados por la Comunidad explicando que «la tarea de las organizaciones sindicales más representativas requiere de la aplicación de importantes recursos con el fin de poner realizar correctamente las tareas que esta participación conlleva». Por el contrario, la institución considera que las definiciones recogidas en los presupuestos resultan demasiado «vagas» e imprecisas y no hacen referencia expresa «a los pactos ni a los trabajos de seguimiento a los que irían destinadas».

La Defensora considera que aplicar «el criterio de la mayor representatividad como exclusivo y excluyente» tanto en la negociación de los acuerdos entre la Comunidad y las sindicatos «podría restar efectividad a los derechos que se derivan de la interpretación conjunta de los artículos 14 y 28.1 de la Constitución relativos al principio de igualdad de la libertad sindical».

«A juicio de esta institución, si bien es un dato relevante la mayor representatividad complementado con otra vía adicional para consolidar las estructuras sindicales que no la ostenta, no debe por sí mismo propiciar la exclusividad de la participación de los sindicatos más representativos en la negociación y seguimiento de acuerdos y pactos sobre materias que son objeto propio de la actividad de los sindicatos», señala la Defensora.

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