El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado dividir en doce piezas separadas la investigación del Púnica para una tramitación más rápida y ordenada de la causa y permitir el enjuiciamiento, sin dilaciones, en aquellas piezas en las que haya finalizado la instrucción. Entre las piezas hay una, concretamente la número 3, dedicada exclusivamente a la Región de Murcia.
En un auto notificado ayer, el juez recuerda que la causa se inició en junio de 2014 a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, una investigación de la que han ido surgiendo «tramas delictivas no siempre sobre hechos semejantes o involucrando a las mismas personas».
Velasco sostiene que ahora que la causa empieza a estar definida se observa «la concurrencia en ella de diversas acciones delictivas que afectan a muchas personas (más de 100 imputados), muchas de ellas no relacionadas entre sí, en una causa que ya alcanza los más de 50.000 folios -inmanejables- en más de 65 tomos».
Las doce piezas que ahora abre Velasco son: una sobre la revelación de la investigación oficial por parte de un miembro de la Guardia Civil al exconsejero madrileño Francisco Granados y su socio David Marjaliza, otra sobre la Diputación de León, otra sobre Murcia, una cuarta sobre el ayuntamiento de Valdemoro, y una quinta sobre hechos referentes a otra presunta contratación pública ilegal en el ámbito local (Serranillos del Valle, Torrejón de Velasco...).
La sexta pieza se refiere a la empresa de eficiencia energética Cofely, la séptima a Waiter Music, una octava sobre hechos referentes a Granados y colaboradores y la novena incluye la trama internacional de presuntos blanqueos de capitales.
La décima se refiere a las empresas Eico y Madiva de reputación online en administraciones públicas, que afecta al considerado conseguidor de la trama Alejando de Pedro y en la que están imputados los exconsejeros del PP Salvador Victoria y Lucía Figar.
Por último, abre una pieza sobre hechos referentes a Alfedel y la número doce la dedica a otros hechos que continuarán en la pieza principal.
A juicio del magistrado, tras analizar diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo, mantener en este momento procesal en una misma causa «tramas tan diversas condena a dilatar plazos de interinidad en espera de enjuiciamiento a implicados muy diversos, sin relación entre sí, en función del avance de complicadas diligencias» como, por ejemplo, las comisiones rogatorias que afectan sólo «a unos pocos imputados».
En la Región, la trama se centró en un contrato suscrito entre el Instituto de Turismo y la empresa Madiva, por valor de 24.000 euros y que no se llegó a ejecutar. Sin embargo, el juez imputó en el caso al exconsejero Juan Carlos Ruiz; al que fue su jefe de gabinete, José Fidel Saura; y a las entonces responsables del Instituto de Turismo y el Instituto de Fomento, Mariola Martínez y Reyes Samper, respectivamente.
Además, responsables de la trama intentaron ofrecer sin éxitos sus servicios al ahora presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que entonces era consejero de Educación.
