La Ley de Aguas y Ríos de Aragón que ha anulado el Constitucional causó alarma a los regantes y a las comunidades autónomas de Murcia y de Valencia, ante la invasión de competencias del Estado que recogía el texto legislativo. El Ejecutivo regional solicitó al Gobierno central que recurriera la ley aragonesa e impidiera el blindaje de los 6.550 hectómetros cúbicos que Aragón intentaba reservarse para uso exclusivo propio. También la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) reclamó al Gobierno español que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que atribuía al Gobierno de a esta comunidad funciones sobre la Comisaría de aguas en el Ebro, cuando es una competencia exclusiva del Estado.
