El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Consejo de Ministros contra la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, que a juicio del Ejecutivo otorga a la comunidad autónoma competencias exclusivas que corresponden al Estado y que ahora queda suspendida de forma cautelar. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 31 de julio la interposición de este recurso contra la norma que regula las aguas y los ríos en Aragón y establecía una reserva de 6.550 hectómetros cúbicos para uso de esta comunidad.

El Ejecutivo central recurrió la ley con el argumento de que atribuye a Aragón competencias exclusivas, así como competencias asumidas por transferencia o encomienda del Estado en materia de aguas intra e intercomunitarias. El recurso también cuestiona que la normativa aragonesa conceda a esa comunidad competencias exclusivas en materia de determinadas obras públicas. El Ejecutivo planteó en su escrito que las aguas intercomunitarias que discurren por Aragón pertenecientes a las cuencas del Ebro, del Tajo y del Júcar son «competencia exclusiva y plena del Estado, según el artículo 149.1 de la Constitución».

También consideró inconstitucional el Gobierno que Aragón haga referencia a competencias asumidas por transferencia o encomienda del Estado; que la ley aragonesa asuma que van a existir convenios para transferir determinadas competencias del Estado para la gestión de las aguas resulta igualmente inconstitucional. El hecho de que el Estado cuente con competencias exclusivas plenas en aguas intercomunitarias «busca asegurar el principio de unidad de cuenca y una gestión homogénea del recurso», expuso el Ejecutivo.

El Gobierno de Aragón respondió que defenderá «la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos del Ebro para uso de los aragoneses y, por tanto, el Estatuto de Autonomía» en las alegaciones que presentará al Tribunal Constitucional tras su decisión de suspender cautelarmente la Ley de Aguas de esta comunidad. Así lo indicó el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Ejecutivo aragonés, Joaquín Olona, quien defendió que se trata de una cuestión de interpretación.

Precisó que el Constitucional ha suspendido de forma cautelar los dos artículos que son objeto de recurso de inconstitucionalidad, el que hace referencia a la reserva hídrica y el relativo al otorgamiento de concesiones y autorizaciones, que no afecta a las competencias y actuaciones del Instituto Aragonés del Agua. Tras recibir la notificación del Constitucional, el Gobierno de Aragón tendrá quince días para presentar unas alegaciones que, según avanzó Olano, serán «siempre defendiendo los hectómetros cúbicos de reserva que están recogidos expresamente en el Estatuto de Autonomía».