Recursos hídricos

El Ente Público del Agua, en fase de liquidación

La consejería de Hacienda tiene sobre la mesa todos los documentos aportados por Agricultura, que ha pasado las competencias a Esamur

15.09.2015 | 04:00
El Ente Público del Agua, en fase de liquidación

El Ente Público del Agua (EPA), que entre otras funciones tenía la gestión de la desaladora de Escombreras, está en fase de liquidación. La consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente ha disuelto este organismo y ha enviado a la consejería de Hacienda toda la documentación necesaria para que ésta le dé el visto bueno y finalmente sea liquidado.

Asimismo, la Consejería que dirige Adela Martínez-Cachá ha traspasado todas las competencias del EPA a la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR). A partir de ahora esta entidad se hará cargo de la gestión, mantenimiento y explotación de todas las depuradoradas de aguas residuales de la Región y asumirá los costes de explotación y distribución de la planta de Escombreras.

En vilo desde 2005
El primer intento de desmantelamiento del EPA, creado en 2005 para asegurar las nuevas demandas de agua nacidas con el 'boom' de la construcción con la puesta en marcha de la desalinizadora, se produjo hace unos tres años, ocupando Juan Bernal la consejería de Hacienda, y cuando la crisis del ladrillo estaba en todo lo suyo.

El entonces consejero consideraba que no era necesario todo un 'ente' para gestionar exclusivamente la amortización de la obra, propiedad de Hydro Management, con la cual la Comunidad había firmado un contrato de alquiler a 25 años.

La planta estaba pensada para una producción inicial de agua de 13 hm3, que, si la demanda crecía, podían llegar a ser de 50 hm3. Pero la crisis hizo que desapareciera la previsible demanda para la cual se había construído.

En un principio, la Comunidad debía pagar 8 millones de euros al año a la propietaria, pasando a 11 millones cuando ya empezó a funcionar la instalación. En los últimos presupuestos de la Comunidad, se ha fijado este alquiler en 14 millones anuales, cantidad que se incluye en las cuentas de la consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

Aunque la disolución se acaba de hacer efectiva, lo cierto es que ya se incluía en la Ley 6/2013 de 8 de julio, firmada por el anterior presidente Ramón Luis Valcárcel.

En esta norma se explicaba que su extinción se enmarcaba en el proceso de racionalización de la estructura del sector público regional.

La consejería de Hacienda no aclara las razones por las que aún no se ha hecho efectiva la liquidación del ente desde que se aprobó la ley de 2013, ni dónde reside la dificultad del proceso. Tampoco si deja algún 'agujero', y, en caso de que haya un déficit, a cuánto asciende; ni si se ha fijado algún plazo para zanjar este asunto.

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