Ciudadanos marca el paso parlamentario

Sus diputados permiten al Gobierno regional sacar adelante sus dos proyectos estrella del verano: la rebaja del Impuesto de Sucesiones y la creación de los conciertos sociales

05.09.2015 | 01:12

No obstante, obligan al PP a aceptar enmiendas de la oposición en la reforma de la Ley de Servicios Sociales

Los cuatro diputados de Ciudadanos permitieron ayer que el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez pudiera sacar adelante las dos iniciativas estrella de estos primeros dos meses de gestión. La Asamblea Regional validó ayer, con los 25 apoyos de PP y C´s (faltó un diputado popular) los dos decreto ley que han permitido reducir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y establecer los conciertos sociales para que las ONG puedan seguir prestando servicio en centros sociales de la Región. En este último caso, sin embargo, Ciudadanos apoyó la propuesta de PSOE y Podemos para que la modificación de la Ley de Servicios Sociales que establece el concierto social se tramite como proyecto de ley, lo que permitirá a los grupos de la oposición presentar enmiendas parciales «a un decreto manifiestamente mejorable», en opinión del líder y portavoz de C´s, Miguel Sánchez. En el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, PSOE y Podemos también solicitaron que se tramitara como proyecto de ley para poder realizar aportaciones, algo que no vio necesario Ciudadanos, si bien advirtió al Gobierno regional que tratarán de introducir más bonificaciones en el mismo en el Presupuesto General de la Comunidad para 2016.

El de ayer fue el primer pleno que celebra la Asamblea Regional después del parón veraniego, más corto este año de lo habitual, al haber sido julio un mes hábil. Y el PP volvió a comprobar su frágil situación en el legislativo. Pese a las negociaciones previas que puedan haber, realmente no pueden respirar tranquilos hasta que el representante de Ciudadanos –que no deja de recordar a Pedro Antonio Sánchez que el acuerdo firmado fue exclusivamente para investidura y no para la legislatura– sube a la tribuna y expresa el sentido de su voto. Hasta los miembros de las organizaciones del Tercer Sector de la Región, el principal interesado en la creación del concierto social, que asistían al debate de ayer en la tribuna de invitados, tuvieron la incertidumbre hasta el último momento sobre el sentido del voto de los cuatro diputados ´naranjas´.

La sesión de ayer en el Parlamento, que contó con la presencia del presidente de la Comunidad, comenzó con la intervención del consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, que explicó que la rebaja del Impuesto de Sucesiones es la primera medida de una nueva política fiscal, anunciando que «el Ejecutivo bajará más tributos a lo largo de la legislatura». Carrillo estima que la reducción beneficiará a 30.000 murcianos al año y permitirá a las familias murcianas «tener 24 millones de euros más en sus bolsillos», que es donde deben estar. El consejero admitió que las arcas regionales podrían ingresar 24 millones menos en 2016, aunque piensa que el impacto positivo que tendrá sobre los ciudadanos y las empresas la reforma fiscal puede hacer que la Comunidad aumente sus ingresos por otras vías.

El PSOE se abstuvo en la votación y el diputado Alfonso Martínez Baños propuso una exención de hasta 300.000 euros para cualquier tipo de donación y ampliar esa cantidad hasta los 450.000 euros si el beneficiario es una persona con minusvalía. El secretario general, Rafael González Tovar, opina que el decreto del PP «beneficia a las grandes fortunas». El diputado de Podemos Andrés Pedreño apostó por unificar criterios para este tributo en toda España, «pues no es de recibo que un murciano pague casi el doble que un madrileño al recibir una herencia». Domingo Segado, del PP, resaltó que con estas medidas «el dinero está en el bolsillo de los ciudadanos para que se lo gasten en lo que ellos quieran, y no en lo que quiera la izquierda».

Sobre la modificación de la Ley de Servicios Sociales, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, destacó que permitirá que 150 contratos que distintas ONG tienen con la Administración para la gestión de centros de día, residencias y centros asistenciales puedan seguir en manos de las mismas a través de los conciertos sociales, que tendrán un plazo máximo de 10 años y se renovarán de manera anual. Así se evitará que los servicios asistenciales caigan en manos de grandes multinacionales, que podrían hacerse con ellos si los contratos actuales con las ONG salieran a concurso público.

El PSOE se abstuvo y su diputada Consuelo Cano exigió una reforma más profunda de la Ley de Servicios Sociales. María Ángeles García Navarro, de Podemos, cree que el decreto del PP aumentaba la inseguridad jurídica de estas ONG, pues las grandes empresas podrán optar a los conciertos. No obstante, los dos grupos podrán realizar sus aportaciones gracias a que el decreto, que actualmente está en vigor, se tramitará como proyecto de ley.

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