El guardia civil Juan García Montalbán, secretario regional de la asociación profesional mayoritaria en el instituto armado (AUGC), ha sido expedientado por la dirección general de la Guardia Civil por convocar y participar en una manifestación que tuvo lugar el pasado 21 de febrero en Murcia, frente al edificio de la delegación del Gobierno, para apoyar y pedir la libertad del agente murciano destinado en Archena que fue encarcelado por haber llamado, presuntamente, «maricón» a un superior.

La dirección general de la Guardia Civil considera que el secretario de AUGC pudo haber infringido el régimen disciplinario de la Benemérita, pues consideran que la convocatoria de la manifestación, en la que participaron 300 personas, muchas de ellas guardias civiles, fue una reunión de carácter reivindicativo, a las que los miembros de la Guardia Civil tiene prohibido asistir.

A Montalbán, quien prestó el miércoles declaración ante los instrutores del expediente disciplinario en la sede de la dirección general de la Guardia Civil, en Madrid, le acusan de una falta grave, lo que puede suponer la suspensión de hasta 20 días y el cese de su destino en la Región de Murcia para mandarlo a otro sitio. El secretario de AUGC asegura que, durante su trayectoria profesional, acumula cerca de una decena de expedientes, todos en relación a su actividad como responsable de AUGC. Todos han sido resueltos a su favor.

Montalbán, guardia civil en el puesto de El Algar (Cartagena), fue el que solicitó formalmente el permiso para la convocatoria de la concentración ante la delegación del Gobierno en Murcia. Lo que ha motivado el expediente no ha sido la manifestación en sí, sino que en la misma se exhibieron pancartas que las instancias superiores de la Benemérita consideran de carácter reivindicativo, algo no permitido a los miembros del instituto armado.

Junto al secretario regional de AUGC, otros 14 responsables de la asociación profesional han sido expedientados en Zaragoza, Cádiz y Madrid. «Todos ellos en un intento de recortar la libertad de expresión y los derechos de reunión, manifestación y negociación, pues los motivos han sido el no asistir a comisiones de trabajo, convocar concentraciones o expresarse en los medios de comunicación en claro desacuerdo con la política de personal ejercida por la cúpula de la Guardia Civil», apunta AUGC en un comunicado de prensa.

«El Gobierno más represivo»

Precisamente los miembros de la Junta Directiva de AUGC, con su secretario general, Alberto Moya, a la cabeza, tuvieron que declarar ayer en las dependencias de la dirección general de la Guardia Civil por los expedientes abiertos en su contra por no entrar al Pleno del Consejo celebrado en marzo. Alberto Moya denunció «la persecución de que son objeto por defender los derechos de los trabajadores del Cuerpo» y calificó al Ejecutivo de Mariano Rajoy como «el más represivo con los guardias civiles en el actual periodo democrático», cuya política «ha supuesto un severo retroceso de los derechos sociolaborales de los agentes. Una línea, por otra parte, en consonancia con el resto de medidas que ha aplicado para el conjunto de la sociedad», afirmó.