El Senado aprobó ayer, con los votos del PP, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que impone a los jueces plazos para la instrucción y modifica el término judicial 'imputado', que se sustituye por 'investigado', en una primera fase, y 'encausado', si se mantiene la acusación a medida que avanza la investigación en los tribunales.
La Cámara Alta debatió los dos proyectos de ley en los que se dividió la norma, uno de Ley Orgánica y otro de Ley Ordinaria, en los que también se incluyen modificaciones dirigidas a evitar la conocida como 'pena de telediario' por difusión en los medios de comunicación de imágenes de los detenidos durante su arresto y traslado posterior.
El Grupo Popular en el Senado ha presentado enmiendas a ambos proyectos, aprobadas con su mayoría, por lo que los dos textos regresarán al Congreso en las próximas semanas para su aprobación definitiva y su entrada en vigor.
La reforma prevé un periodo ordinario de seis meses de instrucción en causas sencillas y de 18 en complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses. Aunque en un principio dejaba en manos de la Fiscalía el control de la duración de las causas, esta iniciativa ha cambiado en su trámite parlamentario.
El Ministerio Público ya no será la única parte que podrá solicitar prórrogas al plazo después de que los populares hayan introducido una enmienda transaccional junto a CiU en la que amplían al resto de personados en el procedimiento la posibilidad de pedir una prórroga del tiempo. Se considerarán complejos los delitos cometidos por grupos u organizaciones criminales, los que tengan por objeto numerosos hechos punibles, involucren a gran cantidad de sujetos pasivos o de víctimas, exijan la realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, impliquen realizar actuaciones en el extranjero, precisen revisar la gestión de personas jurídicas privadas o públicas, o sean por terrorismo.
Además, durante el trámite parlamentario en el Senado el PP ha incorporado cambios en el nuevo artículo que regula la protección de la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, con la intención de «asegurar el respeto a sus derechos constitucionales» y evitar lo que se ha dado en llamar 'pena de telediario'.
El PP ha introducido también cambios en la redacción de la disposición para garantizar el derecho a la información y aclarar que no prohíbe, en ningún caso, la grabación y difusión de imágenes de los detenidos.
La nueva normativa aporta también novedades en las medidas de investigación tecnológica que, según el ministro, compatibilizan los derechos de «las personas investigadas» con las medidas de los investigadores.
