Controlar quién entra en España por aire es sencillo, ya que cualquier aeronave que despegue de un aeropuerto debe presentar antes un plan de vuelo en el que figurarán los puntos de origen y destino, la ruta seguida y los datos de todos los pasajeros a bordo. Sin embargo, saber quién cruza nuestras fronteras por la vía marítima es mucho más complicado, pues todavía no existe normativa legal que regule a aquellas embarcaciones que navegan por las aguas españolas atracando de puerto en puerto.
«El mar es libertad, no se le pueden poner puertas», señala el inspector jefe Luciano Fernández, responsable de la unidad de control de fronteras de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía en Murcia, que desde 2012 ha reforzado la vigilancia sobre los puertos deportivos y pesqueros de la Región para saber quiénes acceden y salen de ellos cada día. Murcia, por su cercanía con las costas africanas, es un punto negro para la inmigración ilegal.
Las patrullas que forman esta unidad policial tienen su sede central en el aeropuerto de San Javier, desde donde controlan los puertos deportivos del entorno del Mar Menor (La Manga, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Cabo de Palos). De Mazarrón se ocupa el punto de control fronterizo situado en el puerto de Cartagena, que también vigila las dársenas deportivas situadas en el interior del mismo, así como la llegada, cada vez mayor, de cruceros a la ciudad portuaria. Otra sección está ubicada en la comisaría de Lorca y se encarga de la zona de Águilas.
Tienen potestad para solicitar la documentación a los viajeros que proceden del espacio Schengen, al que pertenecen 26 países (la mayoría de la UE y otros como Noruega), que han suprimido los controles fronterizos. Los que vengan de fuera de este espacio, deben ir al puesto fronterizo situado en Cartagena, que también gestiona los visados para los marinos que llegan en barcos de transporte de mercancías.
Los policías nacionales, que llevan una gorra distinta a la de otras unidades, similar a las que llevan los marineros y soldados de la Armada, realizan cada mañana una ronda por los puertos deportivos, donde los responsables de los clubes náuticos les facilitan la lista de las embarcaciones que han entrado ese día.
Sus ocupantes tienen que rellenar un formulario policial, donde deben facilitar sus datos personales, sus permisos de navegación, así como indicar el lugar de donde vienen y el destino al que se dirigen. Más tarde, una vez que los ocupantes han atracado, los policías se acercan a las embarcaciones para comprobar que todo está en regla. «Te tienes que fiar de su palabra cuando te dicen de dónde vienen y a dónde van», afirma el inspector jefe Fernández, que resalta que, normalmente, no se suelen encontrar grandes problemas en los controles que realizan, «aunque sí nos hemos encontrado personas en busca y captura y otros que tratan de entrar en España de forma irregular». El mando policial asegura que una vez (no en la Región) se dio un caso de un hombre que admitió haber pagado su barco pesquero (60 millones de euros) con el dinero que consiguió introduciendo irregularmente en España a extranjeros sin papeles.
Las patrullas pueden realizar registros de las zonas comunes de la embarcación (principalmente se encuentran yates y veleros), aunque para acceder a los camarotes necesitan autorización judicial. Su labor también es humanitaria. Llevan con ellos material de salvamento para cualquier incidencia que se pueda producir en los puertos deportivos.
En la mañana del miércoles, cuando un equipo de LA OPINIÓN acompañó a los agentes durante la ronda habitual, los policías, amablemente, solicitaron la documentación a tres italianos que hicieron parada en Cartagena, procedentes de Alicante y en dirección a Puerto de Santa María (al menos eso dijeron). También a un grupo de ingleses en la misma dársena deportiva que se confesaban enamorados del clima de la Región. Hace días localizaron en el puerto de San Pedro del Pinatar a unos suecos que se iban a quedar un año en España. Y es que «el mar es libertad», recuerda el inspector jefe Luciano Fernández.
