La Policía Nacional ha detenido a 89 personas e imputado a 152 acusados de crear falsas empresas para permitir el acceso a autorizaciones de residencia y de trabajo a extranjeros, y al disfrute de prestaciones públicas por maternidad, desempleo y otros subsidios, con un fraude estimado en 1,5 millones.
Según han informado hoy fuentes policiales, los imputados están acusados de crear cinco empresas ficticias con las que facilitaban prestaciones públicas al resto de detenidos, tanto extranjeros como nacionales, con las que llegaron a estafar 1,5 millones de euros al Estado.
En concreto, se les acusa de ser presuntos autores de delitos de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental, estafa y pertenencia a grupo criminal por la creación o vinculación a un grupo de cinco sociedades pantalla.
Según informa este cuerpo, los detenidos simulaban relaciones laborales a través de un entramado de empresas ficticias, por lo que obtenían importantes beneficios económicos con la venta de contratos de trabajo.
El objetivo de las falsas empresas, según fuentes policiales, era permitir el acceso a autorizaciones de residencia y de trabajo para ciudadanos extranjeros, y al disfrute de prestaciones públicas por maternidad, desempleo y otros subsidios.
Buscando los focos
- Asimismo, pide la colaboración ciudadana «para localizar los focos en los que crecen las larvas. Suelen aparecer en lugares calientes y húmedos». De hecho también «estamos empezando a recibir algunas quejas en las inmediaciones del campo de fútbol de La Flota. Si realmente detectamos que está aumentando el número de mosquitos allí, también realizaremos las labores necesarias para acabar con la expansión de estos insectos por la ciudad», aclara el concejal.
En el caso de las personas extranjeras, los importes se correspondían a la obtención de un permiso de residencia y de trabajo en circunstancias excepcionales de arraigo social, y la cantidad que abonaban ascendía a 1.500 euros.
El entramado empresarial jamás pagó las cuotas de cotización a la Seguridad Social, por lo que generó un fraude a las arcas del Estado por prestaciones indebidas que alcanzó los 1,5 millones de euros.
De los detenidos, 67 son de nacionalidad española y 22 de otros países, entre ellos Marruecos, República Dominicana, Paraguay, Honduras, Ecuador, Francia, Alemania, Colombia y Lituania.
