Las energías renovables, principalmente la regulación del autoconsumo de aquellos ciudadanos y empresas que tienen instaladas en sus viviendas placas solares, continúa siendo motivo de fricción entre el Estado y la Comunidad Autónoma, que está dispuesta a plantar cara en Madrid hasta las últimas consecuencias para defender un sector que tiene grandes posibilidades de desarrollo en la Región de Murcia.
La legislación sobre la producción de energía fotovoltaica, que no ha parado de encontrarse con obstáculos por parte de las administraciones públicas que en su momento les animó a invertir con jugosas primas, ha motivado ya dos recursos de inconstitucionalidad del Gobierno regional contra el central, que ahora amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional la Ley autonómica de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética por considerar que existe una posible invasión de competencias.
Ahora, el ministerio de Industria, Energía y Turismo está preparando un real decreto para establecer las condiciones del autoconsumo, que la Comunidad consideró que tenía «múltiples carencias, incongruencias e imposiciones discriminatorias», por lo que presentó alegaciones (la única región, junto con Navarra) con las que ha logrado que el Ejecutivo central establezca algunas modificaciones de su borrador principal. Sin embargo, los cambios todavía no son suficientes para los responsables de la consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, que tiene las competencias energéticas.
La Comunidad valora que el Ministerio ha modificado sus planes iniciales y ha introducido avances como eliminar el límite de 100 kilovatios para aquellas instalaciones de autoconsumo con venta de excedentes, así como que se autorice el bono social en el caso de autoconsumos sin venta de excedente y que se establezcan una serie de mejoras en cuanto a simplificación administrativa. Sin embargo, la consejería de Desarrollo Económico estima que se produce «un retroceso muy importante» en lo referido a la definición de lo que es una instalación aislada de la red pues solo incluye a las que están totalmente desconectadas de la red y no a las que cuentan con interruptores para desconectarse.
En opinión del departamento que dirige Juan Hernández Albarracín, «esto deja sin efecto la Ley de Energías Renovables de la Región, que no se alcanza a comprender, pues la tecnología disponible hoy en día impide el vertido a la red en condiciones de cantidad y seguridad».
También considera la Consejería «discriminatorio» el pago de cargos por las instalaciones de autoconsumo (el conocido como impuesto del sol), que el Ministerio mantiene en su borrador de real decreto y parece que no está dispuesto a eliminar.
Desde el Gobierno regional interpretan que «las barreras técnicas que se imponen están dirigidas a mantener un ´status quo´ económico del sistema actual que tarde o temprano tendrá que caer. Es muy difícil explicarle a los ciudadanos, en general, y a los empresarios, en particular, que una región con carencias fundamentales en agua y otros recursos naturales, no pueda emplear su mayor recurso natural, el sol, para ser más competitivos y/o disminuir la factura energética».
Pendientes de crear la comisión bilateral
- El Gobierno de España y la Comunidad de Murcia están pendientes de crear la comisión bilateral para estudiar la normativa autonómica de Energías Renovables, sobre todo los aspectos que el Ejecutivo de Mariano Rajoy considera que pueden ser inconstitucionales por invadir sus competencias. Estaba previsto que la comisión -en la que principalmente se discutirá el artículo 20bis de la ley regional, la que define las instalaciones para el aprovechamiento y consumo directo de las fuentes de energías renovables y las que pueden considerarles aisladas de la red- comenzará a reunirse este mes de agosto, pero finalmente no ha sido así, según reconoció el consejero murciano de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández Albarracín, que espera que las reuniones se produzcan en septiembre. La Ley de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética se aprobó por unanimidad de la Asamblea Regional.
