El ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dejó ayer claro que ante cualquier hipotética novedad legislativa -en referencia a las pretensiones de Castilla-La Mancha de blindar el Tajo para que el agua del Trasvase que viene al Sureste se quede en esa región- «hay que remitirse a la distribución constitucional de competencias en materia de agua y al cumplimiento del ordenamiento jurídico». Es decir, que sólo el Estado tiene esas competencias y los posibles cambios en la legislación vigente. Además, se insiste en que no se ha aprobado ningún trasvase ilegalmente, ya que el Ministerio «aplica escrupulosamente la normativa vigente».
Mientras tanto, en la comunidad manchega la movilización ciudadana contra los trasvases no para. La Plataforma '¡No al Trasvase!', constituida en para defender los pantanos de Entrepeñas y Buendía, ha convocado una nueva marcha-caravana de vehículos para el lunes 24 de agosto contra los trasvases «indiscriminados» y la necesidad de que el mínimo no trasvasable se sitúe «al menos» en los 1.500 hm3, frente a los 400 fijados en la ley.
En Murcia, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez, ha pedido al portavoz del PSOE , Rafael González Tovar, que «le cante las cuarenta» al presidente de Castilla-La Mancha, porque «el agua es un bien de dominio público. Los murcianos necesitan agua y hay un principio en la Constitución que es el de la solidaridad».
