«En esta Consejería se toman las decisiones junto a la sociedad civil»

El presidente le encargó en el primer Consejo de Gobierno ponerse a trabajar en varios compromisos que adquirió en el debate de investidura, como el pacto regional contra la pobreza y el plan de apoyo a la familia. ¿Cómo lleva estos 'deberes'?

También hubo otro encargo, el más urgente, que era el cambio en la Ley de Servicios Sociales para crear el concierto social, y en eso nos hemos centrado en julio. Había un problema con las diferentes ONG que tenían contratos con el IMAS para gestionar centros de día, residencias y demás. Eran 165 contratos directos pero, por la Ley de Contratos de Estado, ya no se podía hacer la contratación directa, sino que estos contratos tenían que salir a licitación pública. ¿Y qué pasaba? Que se podía presentar una ONG, pero también una multinacional que quisiera hacer negocio. Las ONG, que hacen una labor de excelencia en la gestión de estos servicios, no pueden competir con ellas, porque las empresas van a bajar los precios, y eso es lo que prima en la Ley de Contratos del Estado. Todas las ONG, las de la discapacidad, de mayores, de menores, nos urgían a arreglar esto. Hace una semana se aprobó en el Consejo de Gobierno el decreto que permite el concierto social, que se ha publicado en el BORM. Ahora trabajamos en la orden para desarrollar el decreto, que se llevará a la Asamblea, donde creo que los partidos no van a actuar en contra de las ONG, porque están muy contentas y el CERMI nos ha puesto como ejemplo por nuestra rapidez. Este ha sido el mayor logro de este mes, pero no lo hubiéramos podido conseguir sin el apoyo del consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, y del interventor general de la Comunidad. Este Gobierno es un equipo, como bien dice el presidente.

¿Qué beneficios va a tener el concierto social?

Sobre todo va a ser importante para las personas que son atendidas. Imagine lo que supondría para una persona con discapacidad, que está acostumbrada a que la atiendan desde hace años las mismas personas y en el mismo centro, tener que cambiar porque la gestión pasa a manos de una empresa privada. Con el decreto hemos evitado eso. Además, en términos de empleo, las personas que ahora trabajan en los centros tienen la seguridad de que lo van a seguir haciendo.

Pedro Antonio Sánchez anunció hace unos días que se iba a aumentar la partida para la Renta Básica de Inserción en 2016. ¿Puede concretar algo más?

Vamos a acabar con la lista de espera que existe en estos momentos a final de año. Durante 2015 se ha atendido a 4.067 familias, unas 10.981 personas, frente a las 2.772 familias de 2014, lo que supone un incremento del 46%. Esperamos poder llegar a las 5.000 familias a final de año.

Todavía está pendiente el desarrollo del reglamento. ¿Para cuándo estará listo?

No puedo dar fechas, porque aunque tenemos mucha prisa, ya que lleva demasiado retraso, debemos comprender que la Administración tiene sus procedimientos. Ya tenemos un borrador del reglamento, pero antes nos vamos a sentar con la EAPN (Red de Lucha contra la Pobreza) y con el Colegio de Trabajadores Sociales.

¿Qué filosofía tendrá el Pacto Regional contra la Pobreza?

Nosotros firmamos en campaña un Pacto contra la Pobreza, junto al resto de partidos, pero sabiendo que las encuestas nos daban como ganadores y que aquello era para cumplirlo. No era postureo. Para eso vamos a estar con la Red de la Pobreza, para que sean las asociaciones que la forman, que son las que más saben, las que nos digan por dónde tenemos que ir. Aumentaremos todas las partidas que podamos aumentar, y nos centraremos en la pobreza infantil, así como en potenciar la empleabilidad de las personas en exclusión social, para que todas las familias tengan sus necesidades cubiertas. La EAPN va a ser prioritaria y fundamental en todo lo que se haga en esta Consejería. Al igual que en las cuestiones de discapacidad vamos a contar con el CERMI. Esto no es absolutismo. Es todo para el pueblo y con el pueblo.

¿De verdad hay tanta pobreza en la Región de Murcia?

Hay una situación difícil, pero no hay que confundir la exclusión social con el riesgo de exclusión social. Para medir el riesgo de exclusión social, se aplica una tasa, la AROPE, que contiene una serie de items con preguntas como si puedes hacer frente a un gasto extra o si te puedes ir de vacaciones 15 días. Si dices que no, ya entras en el riesgo de pobreza. Hay familias que están en ese riesgo de pobreza, pero que no pasan hambre. El Gobierno va a poner en marcha una red que integre a todas las organizaciones, a los ayuntamientos y a las consejerías que trabajamos para las personas con necesidades, para que los recursos se racionalicen y lleguen a todas las familias. Ahora falta coordinación, y desde varias ONG se puede llegar a una misma familia, mientras que hay otras que no reciben nada.

Otra de las promesas del Gobierno fue la de poner en marcha una Ley de Garantía para las Personas con Discapacidad. ¿Cuándo estará lista?

En julio hemos estado volcados en establecer el concierto social. Empezaremos en septiembre, porque en agosto apenas hay funcionarios en la Administración. Al igual que le he dicho con el Pacto contra la Pobreza, antes de empezar a trabajar nos reuniremos con el CERMI, para que nos marque el camino. En esta Consejería, en todos los aspectos, las decisiones se tomarán de abajo arriba, contando siempre con la colaboración de la sociedad civil.

Tiene el mandato de la Asamblea de tenerla en seis meses...

Va a ser complicado, porque hay que hacer las cosas muy bien. La redacción de la ley la tendremos en ese periodo, pero tiene que pasar por los consejos asesores. Un plazo tan corto solo sirve para abocar al Gobierno al fracaso. No obstante, en temas sociales todos los grupos de la Asamblea tenemos muchos puntos de encuentro.

¿Cómo será el plan de apoyo a la familia, palabra que da nombre a su Consejería?

Una vez más, las asociaciones nos dirán cómo quieren que sea. Lógicamente, habrá beneficios para las familias numerosas, para las monoparentales, para las que están en riesgo de exclusión... Dependerá de la situación económica, pero todo lo que sea que el dinero esté en el bolsillo de las familias, como dice el presidente, será bienvenido. Respecto al nombre, queríamos que fuera la Consejería de todos los murcianos, porque todas las personas tienen una familia, que es el pilar de la sociedad.

Hay quien lo ve como un guiño al presidente de la UCAM y los sectores más religiosos...

Eso es una interpretación, pero hay muchas familias que no son religiosas. Conozco a muchas familias que son agnósticas y no dejan de ser familias. Esta es la Consejería de todas las familias de la Región, desde las numerosas y las monoparentales hasta las que los dos progenitores son del mismo sexo. Vamos a apoyar cualquier modelo de familia, sin exclusiones.

Otra de las novedades es que se recupera la dirección general de la Mujer. ¿Qué supone esto para las políticas de igualdad?

Era una petición de las asociaciones de mujeres, que entienden que con una dirección general el apoyo se refuerza. Queremos visibilizar a la mujer con esta dirección general, dedicada tanto a la igualdad de oportunidades como a la violencia de género. Ya hemos empezado a trabajar en el quinto plan de igualdad y hemos pedido que refuercen con más funcionarios esta parcela, pues queremos hacer muchas cosas, porque hay mucho por hacer., sobre todo en conciliación, pues la mujer sigue cargando con más tareas en el hogar.

El Gobierno tiene más consejeras que consejeros, pero las mujeres todavía no abundan en los puestos directivos de las empresas. ¿Qué se puede hacer?

Estudiaremos la manera de establecer reconocimientos a aquellas empresas que trabajen los temas de igualdad. No hay que castigar, es mucho mejor reconocer a quien lo hace bien, a los que favorezcan la conciliación. Así se contribuye más a extender estas buenas prácticas.