La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, ha reabierto definitivamente la guerra del agua. Y además, interpretando la ley a su conveniencia. El Gobierno de Emiliano García-Page exigió ayer al ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que paralice de inmediato los envíos de agua a través del Trasvase Tajo-Segura, basándose en que los embalses de donde provienen los caudales, Entrepeñas y Buendía, acumulan 398 hectómetros cúbicos, poco más del 16 % de su capacidad total y por debajo de la reserva mínima de 400 hectómetros cúbicos fijada como límite para prohibir los trasvases.

Lo que no dice Castilla-La Mancha, y así se lo recordó el Ministerio en un comunicado, es que, según el Memorándum que se aprobó para la gestión del Trasvase, hay un periodo transitorio de cinco años antes de aplicar el nivel de referencia de 400 hectómetros cúbicos para la definición de excedentes trasvasables en la cabecera del Tajo.

Así, según el Ministerio, la ley marca que, actualmente, basta con que los pantanos de Entrepeñas y Buendía almacenen 304 hectómetros cúbicos para poder autorizar trasvases desde el Acueducto Tajo-Segura.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente señala que, según la Ley de Evaluación Ambiental, que incluye las reglas de explotación del Trasvase, la reserva mínima de los embalses de la cabecera del Tajo pasaría de 240 hectómetros cúbicos a 400, a razón de 32 hectómetros cúbicos por año.

«El acuerdo de la regulación del Trasvase Tajo-Segura fue suscrito por las cinco comunidades autónomas de las cuencas cedentes y receptoras (Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia) con el objetivo de incrementar las garantías ambientales y de preferencia de la cuenca cedente (la del Tajo), otorgar seguridad jurídica al Acueducto y mejorar su funcionamiento», añade el departamento que dirige Isabel García Tejerina.

La consejera de Fomento castellanomanchega, Elena de la Cruz, advirtió de que, en el caso de que el Ejecutivo central no atienda su solicitud para paralizar los trasvases, Castilla-La Mancha adoptará «las medidas legales que fueran pertinentes». También la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía exigió el freno de los envíos de agua, el último de ellos, de 20 hectómetros cúbicos, autorizado el día 31 de julio. Los alcaldes de estos 22 municipios reclamaron que la reserva mínima en los pantanos se aumente hasta los 1.000 hectómetros cúbicos.

Por su parte, la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región, Adela Martínez-Cachá, pidió «tranquilidad» al Gobierno de Castilla-La Mancha porque no se ha llegado al mínimo que fija el Memorándum para trasvasar agua a Levante por el Tajo-Segura, pese a la disminución de la reserva de los pantanos de Entrepeñas y Buendía. «El Memorándum regula y fija perfectamente cuándo y cómo se puede trasvasar. La cuenca del Tajo se encuentra en nivel 3, lo que quiere decir que puede continuar enviándose agua. No se podría en el nivel 4».