El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), José Manuel Claver, prevé graves problemas a partir del 1 de octubre y reclama al presidente del Gobierno Mariano Rajoy, un precio del agua desalada asequible. «No queremos un precio social», aseguró, aunque recordó el compromiso adquirido por Rajoy hace nueve meses y dijo que «si no vino a tomarnos el pelo, lo que tiene que hacer es cumplir».

Claver añadió que, de no ser atendida esta demanda, «hundiremos a la cuenca». El presidente del Sindicato de Regantes hizo estas declaraciones acompañado por la consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, que ayer estaba invitada a la Junta de Gobierno del sindicato.

Claver confirmó que la situación está «solventada» este año hidrológico gracias al decreto de sequía y las medidas adoptadas por la administración hidráulica pero, a partir del 1 de octubre, la cabecera del Tajo «podría entrar en nivel cuatro», lo que significaría tan solo 11,2 hectómetros cúbicos mensuales para regadío. Advirtió de que los regantes necesitan «otros recursos complementarios» que ya no van a tener.

Aunque el próximo viernes está prevista la apertura de los pozos sequía del Sinclinal de Calasparra, Claver afirmó que los 25 hectómetros cúbicos que los regantes van a disfrutar este verano los van a tomar «a cuenta de los de la cuenca, por lo que hay que reponerlos, lo que tarda un tiempo». Por tanto, los regantes no saben cuándo podrían disponer de nuevos recursos de los pozos. Concluyó que la situación es «muy complicada» y que la perspectiva «más clara» es la del agua desalada, pero a un precio «razonable», porque si continúan al mismo coste no sabe «lo que va a pasar».

Recordó también el compromiso de Rajoy y anunció que los regantes van a ser «muy reivindicativos». Claver apostó por «consolidar» esas medidas para que «no se malogren» al objeto de que todas las comunidades de regantes tengan su asignación establecida, un volumen de agua y se genere la «necesaria tranquilidad que tiene que tener cualquier actividad agrícola o empresarial para llevar adelante su labor».

Por su parte, la consejera de Agricultura admitió que «el caballo de batalla» del Gobierno autonómico va a ser «trabajar con los ministerios competentes para poder tener cuanto antes las modificaciones que sean necesarias» para que el acceso al agua desalada por parte de los agricultores les permita «seguir siendo competitivos». Recordó que, según el informe del BBVA presentado esta semana, «la agricultura va a seguir siendo uno de los motores de desarrollo económico para la Región». Añadió que Gobierno «debe estar al lado de los agricultores y regantes».