El contrato de arrendamiento de construcción y el resto de los contratos en torno a la desaladora de Escombreras formalizados entre la Comunidad Autónoma y la empresa Hydro Management -propiedad de Florentino Pérez- en 2006 «implican una serie de obligaciones de pago superiores a la cifra de negocio que podría lograr la sociedad».

Esta frase, recogida en el informe elaborado por la Intervención General del 18 de mayo de 2015 a petición de la Comunidad Autónoma, da pie a los servicios jurídicos de la Región a considerar que se pueda abrir una vía de investigación, por parte de la Intervención General, ante una «hipotética existencia de indicios de reponsabilidad contable» en todo el entramado societario puesto en marcha en torno a la planta.

Los Servicios Jurídicos se hacen eco de la Circular 1/2003 de control financiero, en cuyo apartado 13.4 prevé «la emisión de informes especiales en el caso de que ´se tenga noticia del posible alcance, malversación, daño o perjuicio a la Hacienda Pública Regional´».

De hecho, el mismo informe de la Intervención señala que «la pérdida media de la explotación de la planta asciende a 6 millones de euros, lo que, unido a los gastos financieros anuales, llevaría a que los resultados negativos cada año se situasen, como media, cerca de 13 millones de euros durante el periodo 2013-2015». Es decir, 54 millones en los últimos 4 años.

Y aún más, parafraseando al Tribunal de Cuentas en su informe relativo a las cuentas del 2010 y 2011, éste afirmaba «que el mantenimiento del actual porcentaje de subvención sobre coste de producción de agua abastecida» (en torno al 95% en esos dos años), supondría unas pérdidas anuales de 11 millones de euros, incluso si la planta estuviera a pleno rendimiento (21 hm3 frente a los 12 hm3 actuales).

Cuentas ´infieles´

Y, siguiendo en la misma línea argumental, los servicios jurídicos comentan que los sucesivos informes de auditoría de cuentas anuales de la desaladora de Escombreras advierten en 2008, 2009 y 2010, «la reducción del patrimonio neto a menos del capital social». En 2012 y 2013, la auditoría concluye que «las cuentas no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad».

Además, esas mismas auditorías concluyen en el informe de hace dos años que «no se especifican los motivos que han llevado a esta situación» a la planta «ni se incluye información acerca de la capacidad de la sociedad para continuar su funcionamiento».

Los servicios jurídicos recuerdan que la responsabilidad contable se describe en el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/82 como una responsabilidad patrimonial, al indicar que «el que por acción u omisión contraria a la Ley originara menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados». Estos daños deberán ser «efectivos, evaluables económicamente e individualizados en relación a determinados caudales o efectos».

Posible relevo de los cargos que pusieron su firma

  • Una de las consecuencias inmediatas de la situación que arrastra la polémica desaladora de Escombreras sería la sustitución de las dos personas que firman los informes. Al parecer, el presidente de la Comunidad Autónoma estaría valorando cambiar al interventor, Eduardo Garro
  • En su lugar, situaría al antiguo consejero e interventor jurídico militar Fernando de la Cierva, quien la pasada semana sonó también como secretario general de la consejería de Cultura, hasta el punto que se dio por hecho su nombramiento
  • Para el puesto de jefe de los servicios jurídicos y en lugar del actual, Francisco Ferrer, aparece el nombre de Guillermo Insa, quien ocupó la plaza de director general de la Función Pública de la consejería de Presidencia en los tiempos en los que la titular era María Pedro Reverte

Disolución y fiscalía

En su informe, también consideran que sería viable, conforme a Derecho, poner en práctica el procedimiento para disolver o declarar concurso de acreedores la Sociedad Mercantil Regional Desaladora de Escombreras S.A.U., dada su inviabilidad económica y las pérdidas que acarrea desde que entró en funcionamiento.

Por último, en sus conclusiones, los Servicios Jurídicos de la Comunidad consideran que «procede dar traslado a la Fiscalía los informes emitidos con fechas 30 de abril y 18 de mayo de 2015 por la Intervención General de la documentación que ha servido de soporte a los mismos», así como el propio de los Servicios, «para que se incorporen» a las diligencias de la investigación abierta por el fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera. De hecho, el fiscal reclamó hace unos días estos informes a la Comunidad.