PSOE, Podemos y Ciudadanos insisten en la necesidad de abrir una comisión de investigación sobre la desaladora de Escombreras y hacer públicos los informes de la comunidad autónoma sobre su viabilidad.
El portavoz parlamentario socialista, Rafael González Tovar, exigió ayer que se hagan públicos unos informes de los servicios jurídicos de la Comunidad que consideran inviable la planta, ya que confirmarían las «reiteradas denuncias» del PSOE sobre esa infraestructura. En su opinión, «una nefasta gestión» ha llevado a aumentar el coste de la desaladora de 140 millones de euros a los 600 millones que deberá afrontar la Región, e insistió en considerar «inviable e innecesaria» esa infraestructura. Tovar ya ha registrado una moción para pedir una comisión de investigación en la Asamblea al respecto.
La petición para crear esa comisión contará con el apoyo de Podemos, cuyo portavoz, Óscar Urralburu, señaló en que es «obligatorio aclarar qué pasa con la producción de agua en la desaladora de Escombreras», y también cómo fue su construcción y gestión, ya que, en su opinión, todo apunta a que este asunto podrá ser otro de los «puntos negros de la corrupción» en la Región.
Es necesario depurar las posibles responsabilidades del Gobierno en la gestión de la planta y aclarar por qué produce por debajo de su capacidad, dijo el dirigente de Podemos, quien propone dotarla de placas fotovoltáicas que la hagan más económica y eficiente para lograr que sea rentable.
El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, recordó que investigar la gestión y construcción de la desalinizadora fue uno de los puntos incluidos en su acuerdo de de investidura, por lo que estos informes de la Comunidad no hacen sino confirmar la necesidad de esa investigación.
A su juicio, es fundamental esclarecer por qué el coste de la planta se ha incrementado en unos 400 millones de euros, lo que considera «un auténtico despropósito», y será en la Asamblea donde próximamente se abordará el asunto.
