Los agentes de la Policía, tanto municipal como nacional, se sienten inseguros con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que entra en vigor mañana miércoles. «Hay un peligro de inseguridad jurídica porque nadie nos ha formado bien para poder aplicar esta nueva normativa», explica el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región, Javier Monge, quien alerta de que «al faltar formación hay más posibilidad de que un agente pueda terminar imputado por desconocimiento» de la norma.

La Región de Murcia tiene alrededor de 1.400 agentes en la Policía Local, y unos 1.700 a 2.000 en el Cuerpo Nacional de Policía.

«La gran mayoría hemos tenido que aprender por nuestra cuenta pues no ha habido cursos de preparación suficientes para todos, ni para conocer bien esta ley ni para los cambios recogidos en el Código Penal», insiste Monge, quien considera que ha habido una dejación de funciones por parte de la Jefatura Superior de Policía de la Región.

El SUP, que es mayoritario en la Región, ha puesto en marcha varios cursos, algunos de ellos on line, «y siempre nos hemos quedado cortos porque la demanda de los compañeros ha superado con creces nuestra oferta».

«La formación es siempre nuestro caballo de batalla, porque no pueden decir que hacer un curso para formar a formadores, es suficiente; hay un desconocimiento total de la ley», concluye Monge.

En las mismas condiciones están los agentes de la Policía Municipal de la Región. «Menos mal que tenemos el teléfono móvil e internet para poder ir apañándonos», comenta el delegado sindical del Sindicato Profesional de la Policía Municipal de la Región, Emilio Peñalver, quien explica que en el caso de los policías locales es competencia de la Comunidad Autónoma ofertar los cursos de formación.

«Podían haberlos impartido en las escuela de Murcia o Cartagena, e incluso por comarcas; pero no ha habido nada de nada. Aquí el que ha querido saber algo se ha tenido que formar por su cuenta y voluntariamente», subraya Peñalver quien tiene claro que «son los funcionarios los que deben tener la formación suficiente ante una nueva ley que ha cambiado mucho y que afecta a la libertad de los ciudadanos».

En la comunidad murciana existen órganos de coordinación entre los 45 ayuntamientos y el gobierno regional, una de cuyas competencias es la formación de los agentes . «Pero hasta ahora no se ha hecho nada, y me pregunto si alguien estará cobrando por no hacer nada», puntualiza el delegado sindical, e insiste en que con los policías municipales «en esta Región se trabaja a golpe de oportunismo político».

El agente municipal, que ejerce en San Javier, explica que el caso de este municipio es una excepción. «Nuestro jefe se ha encargado de darnos información, que a su vez, él por su cuenta ha obtenido y no tiene problema en seguir haciéndolo; pero no es algo común».

Protesta en Murcia

Por su parte, la Coordinadora Anti Represión y otros 60 colectivos y organizaciones de la Región, han convocado una protesta para hoy en la Plaza Circular de Murcia, para mostrar su rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana y la Reforma del Código Penal. Los convocantes indican que «el Gobierno criminaliza la protesta ciudadana y a personas en riesgo de exclusión social».

Cambios que recoge la nueva normativa

  • La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, o ´ley mordaza´, fue aprobada sólo con los votos del PP. Entra en vigor mañana y sustituye a la socialista de 1992, conocida como la ley de ´la patada en la puerta´. Algunas de sus novedades son:
  • Legaliza los rechazos en frontera de inmigrantes irregulares Esta norma modifica la ley de Extranjería y permite los rechazos en frontera de inmigrantes irregulares -llamadas devoluciones en caliente- mientras intentan rebasar las vallas. Además, los agentes podrán identificar a las personas que tengan total o parcialmente cubierto el rostro con cualquier tipo de prenda.
  • Las sanciones oscilan entre los 100 y los 600.000 euros El régimen sancionador de la nueva ley contempla cuatro tipos de infracciones muy graves, con multas de 30.001 a 600.000 euros; veintitrés graves, para las que se establecen multas de 601 a 30.000 euros, y 17 leves, sancionables con 100 a 600 euros.
  • Prohibido manifestarse sin avisar en aeropuertos Son infracciones muy graves las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras críticas como centrales nucleares o aeropuertos, así como la intrusión en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo, u obstrucción de su funcionamiento; la fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas reglamentarias y explosivos; celebrar espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por razones de seguridad; y deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.
  • Infracción grave: resistencia a la autoridad o no identificarse Será una infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse; provocar desórdenes graves en la vía pública u obstaculizar las calles con mobiliario urbano, coches o contenedores; la perturbación grave de la seguridad ciudadana en protestas no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales.
  • Nada de faltar al respeto a los agentes ni hacer botellón Son infracciones leves: los okupas y las acampadas; faltas de respeto y consideración hacia los agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones; manifestaciones y reuniones que infrinjan la ley de reunión; realizar o incitar actos que atenten contra la libertad sexual; el botellón, cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana; escalar edificios o monumentos; pintadas o grafiti.