La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, junto a más de treinta organizaciones y partidos políticos, han presentado a la Fiscalía Especial una denuncia para que investigue si ha habido prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria en la orden que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables.

En concreto, el escrito, avalado también por la firma de más de 100.000 ciudadanos, denuncia un recorte de 3.000 millones de euros anuales caracterizado por "la arbitrariedad y falta de respeto técnico", así como "la manipulación" del Gobierno a las consultoras Boston Consulting y Roland Berger, a las que se destinó más de 600.000 euros para elaborar unos informes con los que no se contó a la hora de redactar la normativa, indicó la coordinadora estatal de la Plataforma, Cote Romero.

Asimismo, Romero indicó que el conocido como 'hachazo' a las renovables, que representó "un varapalo a la retribución que estaba pactada", es una "demostración palpable" de que el Gobierno tiene abierta "una guerra contra las tecnologías energéticas eficientes". "El Gobierno legisla sólo para preservar el statu quo de las grandes corporaciones", añadió.

Además, subrayó que a "los graves hechos" que las organizaciones presentan ante la Fiscalía, se suma el proyecto de Real Decreto para la regulación del autoconsumo recién publicado para alegaciones por el Ministerio de Industria, que "supone un nuevo golpe antidemocrático" al derecho de los ciudadanos a elegir la energía que consumen.

Mientras, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, advirtió de que de este recorte sólo ha permitido "cerrar en falso" el problema del déficit de tarifa, ya que en cualquier momento un tribunal, nacional o extranjero, puede "echarlo atrás y lo pagaremos todos en la factura con intereses".

Así, recordó que el Gobierno de España ya ha recibido un total de 14 demandas ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, por los recortes a las renovables, y las probabilidades de que un tribunal acabe "echando atrás estos recortes son altas".

En la denuncia, se considera que en los hechos pudo haber existido un delito de presunta "prevaricación" y se apunta "como autor, fundamentalmente", al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.