El Gobierno regional ya no podrá conceder ningún aval sin la autorización del ministerio de Hacienda. Una reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades que el pasado 28 de mayo terminó su tramitación en el Congreso de los Diputados obligará al Ejecutivo murciano a pedir permiso al Ministerio para poder actuar como garante de empresas con problemas de financiación, tal y como hizo con la concesionaria del aeropuerto de Corvera, que lleva tres años y medio cerrado y llegó a costar 22.000 euros diarios en intereses cuando Aeromur dejó de pagar el crédito avalado por el Gobierno.
La reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades, que será publicada en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días, establecerá nuevas limitaciones a los gobiernos autonómicos con el fin de evitar un aumento de la deuda por la vía de los avales y asegurar el cumplimiento del déficit, que este año estará limitado al 0,7% del PIB.
La reforma recorta también las funciones del Instituto de Crédito y Finanzas (ICREF), dependiente de la consejería de Hacienda.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, da así una nueva vuelta de tuerca para controlar los mecanismos de endeudamiento de las autonomías, recortando su capacidad para conceder avales que pueden acabar traduciéndose en un nuevo préstamo, tal y como ocurrió con el aeropuerto de Corvera. Ante las dificultades que tenía la sociedad concesionaria para conseguir financiación, la Comunidad optó por avalar un crédito sindicado por importe de 182 millones, que la Administración regional tuvo que asumir en diciembre de 2013.
El préstamo acarreaba a la Comunidad unos intereses de 22.000 euros diarios, que se han reducido con posterioridad, al haber cancelado parte de la deuda con créditos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que tienen un interés más bajo. La Comunidad Autónoma también ha financiado a través del Instituto de Fomento a varias decenas de empresas que se acogieron al respaldo financiero del Gobierno cuando la crisis cerró el grifo de los mercados financieros.
Entre ellas se encuentra la conservera de Campos del Río Halcon Foods, que está en fase de liquidación después de haber sido adquirida por el grupo de Mula Cofrusa con un aval de 22 millones, que han dado lugar a una querella del Info.
El diputado del PSOE por Murcia Pedro Saura considera que la iniciativa de Montoro para controlar el endeudamiento de las autonomías es un mero «parche», dado que la adhesión al FLA y al Plan de Pago a Proveedores ya obliga a pedir permiso a Hacienda para poder firmar cualquier operación financiera.
Saura reclama la reforma del sistema de financiación autonómica para asegurar unos ingresos que cubran el coste de los servicios públicos y eviten el aumento de la deuda, que en la Región supera los 7.000 millones.
