El 50% de las empresas que lanzan a la atmósfera gases de efecto invernadero están muy controladas y su actividad regulada por la Administración, y son las que anualmente deben hacer una declaración de emisiones. Sin embargo, el otro 50% forma parte de lo que se conoce como el sector de emisiones difusas, que «son las que más nos preocupan porque no están obligados a hacer ningún tipo de declaración de emisiones ni de mejorar su actividad para reducirlas», explica Francisco Victoria, jefe del Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático.

Entre ellos, se encuentra la agricultura y ganadería -por usar abonos con nitrógeno que generan óxidos nitrosos, que son 298 veces más potentes que el CO2 -; el comercio -por los aires acondicionados, que lanzan gases fluorados; y el transporte -por la combustión de los motores-. Este último es considerado como uno de los principales focos contaminantes.

«Al no estar regulados, provocaron que España tuviera que gastar 800 millones de euros hace dos años en la compra de emisiones porque sobrepasamos los topes fijados por el Protocolo de Kioto», advierte Victoria, quien lamenta que «nadie se atreve a controlarlos, ni siquiera a nivel europeo».

Por eso, el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, puso en marcha los Proyectos Clima, con los que se intenta, mediante premios, que voluntariamente estos sectores emitan menos contaminantes. A los premiados se les compra a 7,20 euros, cada tonelada de gases de efecto invernadero evitada.