El Servicio Regional de Defensa de la Competencia ha propuesto una multa de 59.062,50 euros contra el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de la Región de Murcia por «una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (15/2007), al fijar unos precios mínimos orientativos», según se recoge en una resolución a la que ha tenido acceso esta Redacción.

Así, Defensa de la Competencia da la razón al abogado cartagenero Francisco Garzón, de Garpe Administraciones de Fincas, quien denunció «la situación de monopolio del Colegio Oficial y el establecimiento de honorarios mínimos».

El Servicio Regional también propone a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que imponga al Colegio la obligación de publicar la resolución en su página web, así como a realizar una campaña publicitaria de difusión.

El abogado Garzón declaró en un comunicado que «con la resolución queda clara la ilicitud de la conducta del Colegio por manifestar públicamente que no existe calidad en los servicios que prestaron aquellos administradores con honorarios más económicos». Y añadió: «Es la falta de credibilidad y garantía de un Colegio que no ha aplicado la ley del Ómnibus de 2009 y no ha permitido que los administradores de fincas fijen libremente sus honorarios sin ningún tipo de coacción», afirmó.

Garzón también explicó los motivos por los que denunció al Colegio: «Presenté una publicidad con un descuento sobre honorarios del 30 por ciento en el que manifestaba que no cobraba comisiones de los proveedores que trabajan en las comunidades de propietarios (´el cazo´). Esta información causó la ira y la cólera de la junta de gobierno del Colegio Oficial y llevaron una persecución implacable contra mi persona», aseguró el abogado cartagenero. «Ahora ha quedado acreditada que ha habido mala praxis. Confío en que los comuneros se den cuenta y actúen en consecuencia», agregó.

Esta redacción intentó ayer contactar sin éxito con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de la Región de Murcia.