La Comunidad Autónoma reclama a la empresa Sacyr, la exconcesionaria del aeropuerto de Corvera, una inversión de casi 20 millones de euros para el asfaltado de la autovía del Noroeste, una obra contemplada entre las obligaciones estipuladas en el contrato, según el Gobierno regional. La compañía se niega a acometer esta inversión, aduciendo que el firme se encuentra en buen estado y no necesita una nueva capa de asfalto, lo que ha llevado al Ejecutivo a iniciar el proceso administrativo para sancionar a la empresa con una multa de 900.000 euros.
La batalla legal abierta entre el Ejecutivo murciano y la compañía que estuvo presidida por el murciano Luis del Rivero se traslada ahora a la autovía que conecta Murcia con Caravaca, una de las primeras obras encargada por el anterior presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, que se financió mediante el sistema de peaje en sombra. Esta fórmula, concebida para aplazar el pago de la obra a la concesionaria, obliga a la Administración regional a desembolsar anualmente un canon que ronda entre los 12 y los 13 millones de euros.
Por esta razón resulta difícil precisar cuál será el coste final de la obra, dado que el importe del canon varía anualmente en función del número de vehículos que transitan por la autovía, aunque la oposición ha sostenido desde el principio que el coste final será desmesurado, teniendo en cuenta que el contrato tiene una vigencia de 25 años.
La utilización del sistema de peaje en sombra, que permitía a la Comunidad realizar inversiones sin necesidad de poner el dinero encima de la mesa ni tener que endeudarse incrementando el déficit de la Administración regional, fue utilizado por el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel en los primeros años para financiar alguna de las obras que consideraba más urgentes.
Poco después empezaron a engordar los ingresos y la Comunidad no tuvo que seguir utilizando ese mecanismo de financiación tan costoso, porque el ´boom´ de la construcción alimentó con holgura las necesidades de gasto del Gobierno regional, hasta que llegó la crisis económica y el dinero dejó de entrar en las arcas regionales.
La autovía del Noroeste fue adjudicada a finales de los años 90 a AUNORSA, una sociedad de la que formaba parte Sacyr, que después se acabó quedando con el cien por cien de las acciones. El contrato, que establece un plazo de explotación a la compañía adjudicataria de 25 años, estipula también que transcurrido a la mitad de este periodo, la constructora debía asfaltar la calzada para garantizar su conservación.
La consejería de Fomento ha elaborado un informe que cifra en 19,8 millones de euros el importe de la inversión a realizar a lo largo de los aproximadamente 60 kilómetros del trazado y en los ramales que tiene la autovía desde su arranque en Alcantarilla hasta Caravaca de la Cruz.
Los responsables de este departamento han remitido varios requerimientos a Sacyr para que ponga en marcha los trabajos de pavimentación, que debían haberse iniciado en el mes de abril, pero la compañía que preside Manuel Manrique ha contestado que no resulta necesario pavimentar de nuevo la carretera inaugurada en el año 2001.
De persistir en su negativa, la consejería de Fomento tendrá que sancionar a Sacyr por el incumplimiento del contrato, lo que se traduciría en una multa de 900.000 euros. Esta cantidad se sumaría a los casi 20 millones que cuesta el asfaltado y que la Comunidad Autónoma está decidida a cobrarse, si es necesario, dejando de abonarle a Sacyr el canon anual de entre 12 y 13 millones de euros que debe pagarle.
