Ocho directivos de la CAM, con el presidente y los dos últimos directores generales de la entidad a la cabeza, falsearon las cuentas de la caja a través de operaciones con títulos fallidos de modo que en el último año y medio de vida de la entidad se declararon beneficios cuando en realidad se arrastraban pérdidas. Eso además de haberse contabilizado incorrectamente tanto el reparto de dividendos de las sociedades filiales como el cobro de indemnizaciones por prejubilación y otras retribuciones de las que se habría beneficiado el comité de dirección. Es la conclusión a la que tras dos años y medio de instrucción judicial ha llegado la Fiscalía Anticorrupción en la considerada pieza principal de las cinco que abiertas en la Audiencia Nacional por la gestión de la caja de ahorros.

El escrito del fiscal, remitido al juez hace unas semanas, después de los presentados por los ocho imputados (en los que todos ellos piden el sobreseimiento de la actuaciones), supone la antesala del pase a procedimiento abreviado de la causa, que insta la acusación pública, lo que en la práctica equivale al procesamiento de aquellos encausados que al final acuerde el magistrado Javier Gómez Bermúdez, instructor del proceso.

Una investigación que arrancó centrada en los estados financieros de la CAM de 2010 y los primeros seis meses de 2011 y que tanto según los informes periciales que aportó la representación procesal de la CAM, como los elaborados posteriormente a petición del fiscal, concluyen que las cuentas no reflejaban la imagen real de la entidad. Esto ocurría como consecuencia, sobre todo, de una práctica conocida como titulizaciones, que consiste en la venta de créditos fallidos para minimizar riesgos, sólo que en el caso de la CAM se vendían con opción de recompra, con lo que en realidad el riesgo no se traspasaba, sólo se ocultaba durante un tiempo. Esto llevó a que el resultado contable del ejercicio 2010 debía haber sido menor que el presentado en casi 170 millones de euros.

El fiscal también aprecia indicios de un incorrecto reparto de dividendos de las sociedades filiales de la caja y de la dotación relativa al fondo de prejubilaciones, concepto por el que miembros del comité de dirección habrían cobrado indebidamente alrededor de 20 millones por varios conceptos retributivos (indemnizaciones, complementos variables salariales e intereses relativos al exceso de prima pagada a la aseguradora Caser). El acusador público también tiene en cuenta «la actuación del auditor externo de la CAM a la hora de detectar y advertir eventuales irregularidades cometidas en la contabilidad de la caja» sin olvidar el pago de retribuciones variables como eran las pagas de beneficios, aportaciones a los planes de pensiones, incentivos anuales y bonus a largo plazo.

Mantiene que de estos hechos serían responsables el último presidente de la caja, Modesto Crespo, los dos últimos directores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y los también directivos en el momento a que refieren los hechos investigados Teófilo Sogorb, Vicente Soriano, Francisco Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa. A todos ellos les atribuye una participación tanto en el presunto falseo de la cuentas como en la asignación de retribuciones (ver cuatro adjunto) con independencia de que concrete más adelante, en el escrito de acusación, el grado de responsabilidad de cada uno de ellos en las actuaciones objeto del procedimiento. Como adelanto, mantiene que los hechos investigados serían constitutivos de delitos de apropiación indebida, falsedad contable y/o de administración desleal.