Los cooperativistas del colegio Miralmonte de Cartagena expulsaron de la misma a una empresa vinculada directamente al cabecilla de la trama de supuestos cobros de comisiones ilegales que se investiga en la Operación Púnica. Los docentes del centro ubicado en el polígono de Santa Ana aseguran que vieron «algo oscuro» en su entonces socio y decidieron poner fin a la relación que mantenían.
Los profesores y dueños de la cooperativa hicieron pública estos hechos tras conocerse que se está investigado el supuesto cobro de comisiones ilegales en la construcción de centros escolares en varias provincias de España por parte de la empresa Alfedel, vinculada a los imputados de la trama Púnica, entre los que se encuentran el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, el empresario David Marjaliza y el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados.
Responsables del centro cartagenero negaron cualquier vinculación con la trama investigada y aclararon que no tienen nada que ver con las gestiones realizadas por las sociedades investigadas que participaron en la construcción del colegio.
No obstante, sí admitieron que una empresa asociada a los cabecillas de la trama participó en los trámites previos a la edificación del centro educativo, pero ellos mismos fueron quienes les echaron porque «vimos algo oscuro y por falta de confianza».
La empresa Alfedel, ligada a Alfonso Ferrón del Río, otro de los investigados, «fue expulsada de la cooperativa por unanimidad en el año 2008 durante el primer curso escolar en que el centro abrió sus puertas», explican los propios docentes del colegio concertado.
La promotora Alfedel construyó el colegio cartagenero en terreno municipal.
La empresa de Alfonso Ferrón levantó diecinueve colegios, a través la constructora Obrum, que venía impuesta en los contratos y también era de Marjaliza. Todos ellos en la Comunidad de Madrid, a excepción del centro construido en Cartagena, según publicó ayer Abc.
IU-V de Cartagena y la secretaría de Política Municipal Federal del partido anunciaron que se personarán como acusación particular en la operación Púnica y pedirán que se depuren responsabilidades políticas por las supuestas conexiones de la trama de corrupción con el municipio.
Ayuntamiento y Alonso aseguran que todo fue legal
«El ayuntamiento de Cartagena se limitó a actuar en la adjudicación y venta de la parcela para la construcción del colegio Miralmonte como en cualquier otro procedimiento similar con otro colegio». Así lo aseguró un portavoz municipal, que añadió que «no hay nada que revisar ni comprobar», porque todo se hizo correctamente. Por otra parte, fuentes cercanas al exalcalde socialista José Antonio Alonso indicaron que éste sostiene que todo se hizo de «forma legal y transparente, con el máximo respeto a la legalidad». Las mismas fuentes agregaron que cuando la sociedad que compartía el exalcalde con uno de los cabecillas de la trama Púnica trabajaba para Cartagena, éste se retiraba de esos asuntos «precisamente para evitar problemas y acusaciones falsas».
MC denuncia el embargo de fincas de Puerta Nueva
Movimiento Ciudadano (MC) denuncia que todas las fincas que la sociedad Puerta Nueva tiene en el Barrio Universitario de Cartagena «se encuentran gravadas desde el 24 de noviembre de 2014, con una anotación preventiva de embargo y prohibición de disposición», en el marco de la Operación Púnica. El concejal del partido, José López, recuerda en un comunicado que en esa investigación judicial se encuentran imputados el ex alcalde de Cartagena y empresario José Antonio Alonso, y el ex concejal de Urbanismo José Fidel Saura, que ocupaba ese cargo cuando se dio a la promotora la construcción del Barrio Universitario.
