El presidente del Ejecutivo regional, Alberto Garre, llevó la ley que impone la honorabilidad y la transparencia al primer Consejo de Gobierno que se celebraba tras la incorporación de los dos nuevos miembros, Adela Martínez-Cachá y Luis Martínez de Salas, responsables de Agricultura y Agua y de Economía y Hacienda, respectivamente. El portavoz del Gobierno, José Gabriel Ruiz, negó que la aprobación de la Ley de Buen Gobierno y del Estatuto del Alto Cargo pueda ser interpretada como un aviso a navegantes, en una jornada marcada por la designación del nuevo candidato del PP a la presidencia de la Comunidad y las informaciones sobre las investigaciones judiciales en casos de corrupción.
La norma con la que el presidente ha puesto el broche final a la crisis de gobierno abierta con la dimisión del que fue durante dieciséis años consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, establece que «todos los altos cargos de la Comunidad deberán conocer y firmar el Código Ético y de Buen Gobierno en el momento de su toma de posesión», al tiempo que deberán dar a conocer su patrimonio personal al entrar y al salir del Ejecutivo.
Aunque el Gobierno regional se reúne los viernes habitualmente, Alberto Garre optó por adelantar la convocatoria un día, evitando así la celebración de un Consejo extraordinario, según explicó José Gabriel Ruiz. Precisó que el Gobierno ha sometido el proyecto de ley a la aprobación del Consejo una vez que ha conseguido el dictamen del Consejo Jurídico, que había llegado dos días antes. Destacó que el texto ha recogido aportaciones realizadas desde este órgano consultivo del Ejecutivo regional.
El Gobierno presenta el texto legislativo que debe garantizar la limpieza y la transparencia en la actividad pública como «un compromiso que asumió el presidente de la Comunidad a través de la Iniciativa Integral de la Transparencia, cuya finalidad es elevar la exigencia, responsabilidad y necesidad de rendición de cuentas de todas las personas que ostentan un alto cargo en la Administración regional o en cualquiera de sus organismos». En caso de incumplir las normas establecidas en el Código Ético, se les aplicará un régimen sancionador que sigue la regulación establecida para los altos cargos del Estado e «incluye en gran parte de los supuestos la destitución inmediata, así como la prohibición de ocupar un alto cargo hasta un máximo de diez años en función de la gravedad de la infracción». El portavoz del Gobierno recordó igualmente que la aprobación de esta ley dentro de la legislatura era un compromiso del presidente.
En la sesión de ayer el Ejecutivo también aprobó el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales para 2015, que contempla inversiones por un importe total superior a los cinco millones de euros, destinadas a la construcción de infraestructuras y obras de saneamiento, principalmente.
Juan Carlos Ruiz asume la polémica adjudicación de 7RM
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el traspaso de las competencias de Telecomunicaciones a la consejería de Industria, Turismo, Empresa e Investigación, que a partir de ahora asume la polémica adjudicación del contrato de 7RM a la empresa Secuoya. El concurso ha sido recurrido por los otros cuatro licitadores y está pendiente de la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales, un órgano dependiente de Hacienda que será el encargado de resolver las impugnaciones. Las competencias de Telecomunicaciones y sobre el espacio radioeléctrico de la Comunidad pasan de la dirección general de Patrimonio e Informática a la de Investigación e Innovación. Ambos departamentos cambiarán de nombre con el traspaso de competencias. L. O.
