El ex presidente regional Ramón Luis Valcárcel fue «el integrante de la trama que acordó el pactum scaeleris (algunos juristas traducían esta expresión en latín como «plan delictivo») con la señora Barreiro y el señor Galea» para garantizar el éxito del proyecto urbanístico de Novo Carthago. Así lo considera el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ Manuel Abadía, quien en un demoledor auto hecho público ayer ha pedido a la Fiscalía «que emita dictamen sobre si debe llamarse como imputado» al presidente del PP de la Región y vicepresidente del Parlamento Europeo, así como a su hija, Rosario Valcárcel, su yerno, Fulgencio Perán, y su cuñado, Juan Francisco Cruz Alfaro. El instructor también plantea la imputación de Juan Sánchez Carrillo (hermano del exconcejal y presidente del Comité Electoral Regional del PP) y de José Alberto Meroño Garriga, socio de este último.

El magistrado establece en el auto de seis páginas cinco fundamentos jurídicos que justificarían la imputación de Valcárcel en el caso Novo Carthago, en el que también están encausados el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, los exconsejeros Antonio Cerdá y Francisco Marqués y la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, entre otros.

En primer lugar, Abadía habla de «las dádivas y regalos del promotor inmobiliario de Hansa Urbana Rafael Galea». A juicio del instructor, Galea, responsable de la empresa que promovía la construcción de la urbanización de lujo en unos terrenos parcialmente protegidos junto al Mar Menor, «no pudo dar respuesta del regalo que le había hecho a la hija de Ramón Luis Valcárcel Siso al contraer matrimonio», que considera que fue «una cantidad económica fuera de todo uso social o convención en materia de regalos de boda». Además, Manuel Abadía señala que del estudio de los pagos realizados por Hansa Urbana a personas y sociedades «han aparecido múltiples indicios unidireccionales e inequívocos que apuntan todos a Ramón Luis Valcárcel Siso» y a «testaferros» como sus cuñados y su propia hija primogénita.

Sobre esta, Abadía apunta a que Hansa Urbana facilitó su contratación en un despacho de abogados de Sevilla, pese a que no vivía en Andalucía, «ante la situación tan anómala y escandalosa que representaba tenerla contratada en Alicante». El magistrado dice además que la hija del expresidente percibía más retribución que el resto de trabajadores del despacho y que llevaba los asuntos de Hansa Urbana, uno de los principales clientes de la empresa sevillana.

El segundo punto del auto habla de la venta «a un precio antieconómico y fuera de toda explicación lógica y razonable» de unos terrenos de Hansa Urbana a una sociedad, Faromur S. L. cuyos socios iniciales eran Juan Sánchez Carrillo, hermano del exconcejal y presidente del Comité Electoral del PP, y José Alberto Meroño Garriga. La venta se produjo a 25,24 euros por metro cuadrado, cuando el juez afirma que, en una operación similar en la misma urbanización (Torre Guil), el precio satisfecho ascendió a 105,59 euros el metro cuadrado, «es decir, un 400% más». Una vez realizada la compraventa, el 40% de la sociedad del hermano de Sánchez Carrillo y el cuñado de Cámara fue adquirido por Juan Francisco Cruz Alfaro, cuñado de Valcárcel.

Abadía hace referencia en el tercer fundamento jurídico «a los regalos y dádivas en efectivo encontrados en las cuentas corrientes de la hija de Valcárcel», en las que ha hallado «entradas reiteradas de ingresos en efectivo que no se ajustan a las fuentes de rentas conocidas y declaradas en el IRPF por sus titulares». El instructor destaca «treinta operaciones llevadas a cabo por importe de 1.000 euros cada una de ellas que se realizan el día 27 de septiembre de 2007, entre las 8.29 y las 8.34 horas, en un intervalo de cinco minutos, antes de que la propia oficina abriera al público y todas ellas llevadas a cabo por Fulgencio Perán», yerno del expresidente, que ya había hecho la misma operación el 14 de septiembre, pero con cantidades inferiores (4.000 euros). En ninguno de estos ingresos, según el juez, aparece el nombre y el DNI de quien las hacía, «sino expresiones del tipo ´tito...tita´». Abadía sospecha que este supuesto fraccionamiento de cantidades tiene como finalidad «burlar la normativa de control del blanqueo de capitales y disfrazar el delito de cohecho investigado», que obligan a identificar con DNI a las personas que realicen imposiciones de dinero a otras cuentas a excepción de las que sean inferiores a los 3.000 euros. El juez asegura tener constatado que estas operaciones bancarias «como es habitual en este tipo de operaciones de blanqueo de capitales y delitos de cohecho, se hicieron con billetes de 500 euros».

El magistrado concluye su auto reiterando que Hansa Urbana tenía garantías de que su proyecto, pese a necesitar modificaciones urbanísticas por afectar a terrenos protegidos medioambientalmente, iba a tener éxito. «Y eso no lo podía garantizar una alcaldesa ni un promotor, sino solo el presidente de la Comunidad», que convocó, según el juez, una reunión en San Esteban para tal fin.

El Ministerio Fiscal tiene ahora cinco días para enviar un informe a Manuel Abadía sobre si debe imputar o no a Ramón Luis Valcárcel en el caso Novo Carthago. Las partes también pueden recurrir.