n el caso Novo Carthago hay cuatro políticos imputados: Pilar Barreiro, Antonio Cerdá, Joaquín Bascuñana y Francisco Marqués, y uno que está siendo investigado, Ramón Luis Valcárcel. Los dos primeros están aforados por su condición de diputada nacional y de consejero del Gobierno regional, respectivamente.

La parte de las diligencias que afectan a Barreiro está en manos del Supremo, jurisdicción que por su aforamiento le corresponde, y el resto del caso queda bajo la instrucción del magistrado Manuel Abadía, en el TSJ, a causa del aforamiento de Cerdá. Si Cerdá dimite, como tiene previsto hacer hoy, el caso pasará automáticamente al juzgado ordinario. Esa es la causa que reside, tras el seguro pretexto de las ´razones personales´ que esgrimirá hoy, en la dimisión del responsable de Agricultura, Agua y Medio Ambiente: liberar la instrucción de las garras del implacable Abadía.

Este plan de operaciones ha sido diseñado entre Valcárcel y el diputado Vicente Martínez Pujalte, cuñado de Cerdá, ante la sospecha de que el juez del TSJ podría solicitar antes de las elecciones una comparecencia del expresidente del Gobierno autonómico y ahora vicepresidente del Parlamento Europeo. El juez trabaja probablemente deprisa, a sabiendas de que del resultado de las elecciones podría poducirse la sustitución de Cerdá, y con ella debería entregar el caso.

El prematuro sacrificio político del consejero de Agricultura en pleno fragor de una nueva batalla del agua tiene como finalidad intentar salvar a Valcárcel de la lupa de Abadía, quien ya había detectado supuestos negocios ventajosos del entorno familiar del expresidente con el promotor de Novo Carthago, Rafael Galea, tras indagar en otras presuntas connivencias o presuntos favores y regalos que podrían ser tan impropios como reveladores. Abadía, por lo que se deduce de la parte de su instrucción que ha ido trascendiendo, se disponía a identificar al supuesto Señor X del caso, y ante el volumen de las alarmas ha sido precisa la entrega voluntaria de la cabeza del leal Cerdá, el consejero más veterano y con mejor imagen en el sector a que atiende. La dimisión pudo haberse producido ayer; de hecho, Cerdá acudió a San Esteban, pero el presidente estaba en Cartagena.

Una vez que Pedro Antonio Sánchez ha sido desimputado de su caso, tal vez se quiera hacer pasar la dimisión de Cerdá (inesperada para Garre, pues ha sido urdida, como digo, por Valcárcel y Pujalte) como un gesto ´generoso´ de los que solicitaba el actual presidente, quien pasaría de contar con dos consejeros imputados a tener ninguno. Pero hay que insistir en que en realidad se trata de salvar al presidente del PP de las garras de un juez celoso de su oficio.

La devolución de Novo Carthago al juzgado ordinario transmite a imputados e investigados la esperanza de transitar por un ámbito judicial menos estricto.