El fiscal del caso de la guardería de La Paz, Juan José Martínez Munuera, pide en su escrito fechado el 13 de febrero imputar al alcalde porque es «a quien estaban subordinadas jerárquicamente las personas que impartieron, sucesivamente, las órdenes que desembocaron en la demolición de la escuela infantil de La Paz», según consta en el escrito remitido al Juzgado de Instrucción Número 1 de Murcia, que investiga las posibles responsabilidades en el derribo de esta instalación municipal, que fue tirada en octubre de 2007.

En el escrito del fiscal, que está en poder de esta Redacción, se indica que esas personas subordinadas son Eduardo Martínez Oliva, jefe de Gabinete de Alcaldía, que fue la persona que dio la orden de redactar el proyecto de demolición; Antonio Gónzalez Serna, jefe en esa fecha de la Oficina Técnica de Arquitectura -OTA-, que fue el que impartió la orden de «atribución de su elaboración» (del proyecto de demolición), y Juan Carlos Canosa, arquitecto de la OTA y el técnico que diseñó el proyecto por un encargo realizado con fecha 1 de octubre de 2007. Estas tres personas ya declararon como testigos en el caso.

Martínez Munuera pide también al juzgado que solicite al Ayuntamiento toda la información sobre el pago del canon anual de 24.474 euros que debía desembolsar el promotor José López Rejas, que abanderó la remodelación del barrio que está paralizada, por los terrenos en los que situó los barracones que sustituyeron en la calle Juana Jugán las instalaciones de la guardería pública. Estas aulas prefabricadas siguen funcionando hoy en día mientras que el solar en el que estaba la guardería de La Paz sigue vacío. La Administración local acordó en sesión de junta de gobierno celebrada el 25 de julio de 2007, según detalló el fiscal en su escrito, imponer ese canon por el uso de la parcela municipal en la que se instalaron las aulas prefabricadas.

Además, el representante del Ministerio Público solicita que se deje sin efecto la imputación del técnico municipal y jefe del servicio de Escuelas Infantiles, José Antonio Peñaranda, el único funcionario hasta ahora encausado, por lo que circunscribe la responsabilidad de la demolición al ámbito político.

El derribo de la guardería de La Paz, que estaba en la calle Pablo VI de ese barrio, comenzó el 25 de octubre de 2007. La asociación de vecinos Nuevo Barrio, STERM-Intersindical, Foro Ciudadano y el AMPA de la escuela infantil presentaron una demanda en la Fiscalía en octubre de 2008, que quedó en nada. En 2011, pusieron otra denuncia en el juzgado de lo penal. Se archivó el caso y luego se reabrió. Después volvió a cerrarse provisionalmente.

En abril del 2014, la Audiencia Provincial obligó al juzgado a reabrir la investigación y a practicar las diligencias que solicitó el Ministerio Fiscal, entre ellas, tomar declaración como imputados a los ediles de Educación y Patrimonio en el momento en que se produjo el derribo, Pilar Megía y Francisco Porto, respectivamente. Está imputado además el ex edil de Urbanismo, Fernando Berberena, que también está encausado en el Umbra.